El gobierno argentino oficializó la noche de este domingo su oferta "definitiva" para la reestructuración de su deuda externa. La fecha para el período de invitación se extenderá una vez más desde el 24 de julio hasta el martes 4 de agosto a las 17 horas de Nueva York, Estados Unidos (las 18 de Argentina). Pero el settlement, asentamiento o liquidación se concretará recién el viernes 4 de septiembre.
En el mes que media entre el final del denominado "período de Invitación" y la liquidación se conocerá la aceptación que tuvo la propuesta del Ministerio de Economía trasandino, que avaló el presidente, Alberto Fernández. Esta reconocerá con un bono a 2030 los intereses devengados de los títulos canjeables hasta el 4 de septiembre de 2020 inclusive (con un interés anual de 1% en dólares y 0,5% en euros, vencimientos semestrales de intereses y 8 amortizaciones totales en el período).
Los principales ajustes
Habrá un año de gracia en lugar de tres, como lo propuso originalmente el ministro de Economía del vecino país, Martín Guzmán, el 21 de abril. Los pagos de intereses de la deuda con ley extranjera comenzarán el 4 de septiembre de 2021, pero solo como premio para los bonistas que manifiesten su intención de ingresar al canje en una primera etapa. Ese será el único instrumento de recuperación de valor (VRI) que pondrá en juego la Argentina en algunas series de bonos, en lugar de un cupón atado a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) o de las exportaciones. Aquellos que no expresen su voluntad de aceptar esta oferta no tendrán esta posibilidad y tendrán un menor Valor Presente Neto (NPV), ya que no podrán cobrarlos intereses corridos.
Con esto, la estrategia oficial apunta a dividir a los fondos y generar la duda de qué táctica es la adecuada para los inversores privados: si aceptar en una primera instancia o rechazar por completo la operación, hacer que fracase el canje y poner sobre la mesa el pedido de aceleración de la deuda (cross default) ante la Justicia de Nueva York, Estados Unidos. El NPV rondará los US$ 53,5 por cada 100 dólares de valor nominal, descontado a una tasa de salida (exit yield) de 10%, para los bonos emitidos durante la presidencia de Mauricio Macri ("M"). Y será de US$ 59,5 para los títulos que lanzaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en 2005 y 2010 ("K").
Igualmente, desde el Gobierno destacan que "el idioma del NPV fue impuesto por los fondos como un marco de referencia". Eso, aseguran, no es una guía para las acciones oficiales, ya que creen que el rendimiento de los nuevos bonos puede ser menor que ese 10% en un mundo de tasas de interés al 0%, lo que podría significar mayores ganancias para los acreedores, que no estarían bien estimadas si la exit yield fuera más baja (entre 6% y 8%, aunque esas tasas indicaran todavía un elevado riesgo). El recorte de capital (haircut) para quienes no puedan acceder a los bonos con reconocimiento de los intereses corridos es de 3% para los bonos "M" y de 0% en los bonos "K" en dólares, a la vez que la quita en los bonos "K" en euros tendrá un mínimo de 0,125% y un máximo de 4,5%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), aliado circunstancial de este Gobierno porque será el acreedor privilegiado del alivio de deuda que se obtendrá entre los grandes fondos y los minoristas, está al tanto de que la nueva oferta supera el techo para la "sostenibilidad" que dejó a principios de junio en US$ 49,90, pero no cuestionará la propuesta de la Argentina.
Fuentes con acceso a las negociaciones sostienen que en "el idioma del Fondo" no entra el NPV sino las necesidades brutas de financiamiento, que no serán mayores para el país, ya que el alivio de deuda permitirá a la Argentina retornar a un sendero de sostenibilidad y el recuperación de valor, precisamente, no es pagar más sino antes en ciertas series de bonos.
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