En momentos en que la inflación continúa acelerándose, el presidente argentino Mauricio Macri sostuvo esta semana su primera reunión con los líderes de las principales organizaciones sindicales del país. El mandatario trasandino está tratando de alcanzar un acuerdo que permita poner un techo a los incrementos en los sueldos antes de que comience la próxima temporada de negociaciones salariales colectivas, pero hasta ahora no ha logrado un compromiso.
Poner atajo al aumento de la inflación, que en los últimos dos años ha promediado en torno a 30%, es una de las prioridades clave de la política de la administración Macri. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, ha declarado que el gobierno pretende reducir la inflación a un rango de entre 20% y 25% este año y de entre 12% y 17% para el próximo. Este rápido proceso de desinflación, sin embargo, será extremadamente desafiante después de la devaluación del peso realizada en diciembre y el descongelamiento el mes pasado de las tarifas eléctricas, lo que probablemente impulsará nuevamente al alza a la inflación, hacia el nivel de 40% en el primer trimestre.
Las alzas de los salarios son el principal factor que alimenta las expectativas de alzas de precios, y el gobierno espera poder contener los incrementos de las remuneraciones a un rango de entre 20% y 25% durante la ronda de negociaciones que comenzará en el segundo semestre. Sin embargo, los sindicatos ya han señalado que se opondrán a cualquier alza por debajo del 30%. Las negociaciones probablemente van a verse más complicadas aún por los masivos despidos de trabajadores estatales que se iniciaron en diciembre, a medida que la nueva administración busca reducir el déficit fiscal recortando la abultada nómina laboral del sector público.
El gobierno está enfatizando su mensaje de que a la larga, la desinflación vía límites a las alzas de los salarios beneficiará a los trabajadores. Pero para conseguir el apoyo de los sindicatos, tendrá que ofrecer concesiones en otras áreas. La principal de estas compensaciones sería una reforma a los impuestos sobre la renta. El umbral del ingreso mínimo se ha mantenido sin cambios desde 2013 y los tramos para el pago de impuestos no han sido modificados desde 2000. Tras reunirse con los líderes de las agrupaciones sindicales, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que en las próximas semanas el gobierno pretende enviar al Congreso un proyecto de ley para una reforma tributaria que elevará al doble el ingreso no tributable desde su nivel actual de 15.000 pesos argentinos (cerca de US$ 1.000).
Es posible que los próximos pasos incluyan rebajas al Impuesto al Valor Agregado para los trabajadores de menores ingresos y la ampliación del programa condicional de transferencia de efectivo.
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