Los mercados siguen cuestionando la capacidad y la voluntad de Venezuela de hacer frente a los vencimientos de su deuda soberana en octubre y en los próximos meses. Durante septiembre, diversos eventos alimentaron especulaciones de que Venezuela caería en default en bonos por US$ 4.500 millones que maduran en los próximos días. Estos eventos incluían la remoción de Rafael Ramírez, una figura relativamente moderada, de su posición como vicepresidente de economía y la suspensión de una serie de reformas económicas propuestas por él; la rebaja en la calificación de crédito de Venezuela por parte de Standard and Poor's a CCC+, siete niveles bajo el grado de inversión; la caída en los precios del petróleo; y la falta de datos financieros oficiales que demuestren la capacidad de Venezuela de honrar sus compromisos. Sin embargo, existen diversos factores que llevan a The Economist Intelligence Unit a creer que Venezuela va a cumplir sus obligaciones financieras en octubre. Primero, el presidente, Nicolás Maduro, está muy consciente del impecable historial de su predecesor, Hugo Chávez (1999-2013), respecto de los pagos de la deuda externa, y por eso, estará decidido a evitar el estigma político del default. Segundo, el gobierno estará necesitado de mantener su acceso a los mercados de capitales, dada la crítica relevancia de las inversiones en el sector petrolero. El cierre de los mercados extranjeros de capital también afectaría el financiamiento comercial tanto para las importaciones públicas como privadas, agravando por lo tanto, los ya severos problemas de escasez y empujando a la economía más profundamente hacia dentro de la recesión.
Dudas a la larga
En el mediano plazo, sin embargo, las dudas persistirán respecto de cómo se desempeñará la economía bajo un escenario de precios del petróleo estables. Durante los próximos tres años (2015-17), los pagos de bonos programados para el gobierno y la empresa petrolera estatal PDVSA totalizan US$ 10.700 millones, US$ 9 mil millones y US$ 9.700 millones, respectivamente. Estas cifras aumentan en cerca de US$ 6 mil millones por año cuando se les incorpora los compromisos financieros adquiridos con el gobierno chino y los préstamos otorgados por parte de los organismos multilaterales.
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