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Publicado: Jueves 4 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
China tiene una breve historia de propiedad intelectual, pero se ha convertido en el mayor destino de litigios de IP (identificador de computador y sitios web).
El gigante asiático ha superado a Estados Unidos por séptimo año consecutivo en términos de cifra anual de litigios de IP. Sin embargo, la tasa de aplicación de condenas, así como el nivel de transparencia judicial, aún es baja en comparación con EEUU.
Cuando son demandadas en tribunales extranjeros, la mayoría de las firmas chinas opta por no comparecer debido al desconocimiento de leyes, sistemas judiciales y alto costo de litigio del exterior, así como el alto riesgo de ser halladas culpables.
Sin embargo, con el desarrollo de leyes de IP en China se espera un cambio de la situación en el futuro cercano. Firmas como Huawei y ZTE han ingresado a la arena internacional como duros competidores. Se han convertido en líderes de las firmas chinas que demandan y protegen sus derechos de IP en el exterior.
Los cambios en el ambiente económico global han reformulado el desarrollo de los modelos de negocios modernos, donde los derechos de IP han demostrado tener un valor sin precedentes. Importantes actores internacionales están usando las demandas de IP como poderosas armas para fortalecer sus posiciones de mercado y debilitar o destruir el negocio de sus competidores. Esas metas son imposibles de alcanzar sin crear primero un robusto portafolio de IP y una fuerte protección de IP.
Se espera que en el futuro las firmas chinas sean más activas en la defensa y reivindicación de derechos de IP en tribunales extranjeros.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.