DOLAR
$948,45
UF
$39.219,56
S&P 500
6.324,71
FTSE 100
9.064,95
SP IPSA
8.106,42
Bovespa
134.899,00
Dólar US
$948,45
Euro
$1.113,50
Real Bras.
$170,64
Peso Arg.
$0,75
Yuan
$132,75
Petr. Brent
68,15 US$/b
Petr. WTI
64,88 US$/b
Cobre
5,86 US$/lb
Oro
3.422,90 US$/oz
UF Hoy
$39.219,56
UTM
$68.923,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Jueves 20 de febrero de 2014 a las 05:00 hrs.
Por Tim Bradshaw
San Francisco
Un organismo de comercio para los desarrolladores de videojuegos ha arremetido a causa de un movimiento “depredador” por parte de King para registrar los términos de la marca comercial, incluyendo las palabras “candy” y “saga” antes de su oferta pública inicial.
El creador de Candy Crush Saga el mes pasado causó conmoción en la comunidad de los juegos al postular el registro de las palabras individuales del título de su juego hit en móviles como marcas comerciales en la Unión Europea y EEUU a través de un amplio rango de categorías, desde los software y entretenimiento hasta el vestuario y los accesorios.
La Asociación Internacional de Desarrollo de Juegos, un grupo de abogados que reclama que tiene miles de miembros y cuenta con Microsoft Studios, Eidos, Valve y Ubisoft entre sus afiliados de estudio, dijo en una publicación de su blog el martes que la solicitud de King fue “ir demasiado lejos” y se establece “en oposición a los valores de apertura y cooperación que apoyamos toda la industria”.
King, el cual está en su período de discreción pre-IPO, no quiso comentar. Riccardo Zacconi, director ejecutivo de King, previamente ha defendido sus movimientos como “pasos apropiados para proteger nuestro IP” y “evitar la confusión de los jugadores”.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.
La inmobiliaria ligada a Jorge Gálmez, que ya vendió 197 parcelas, anunció que evaluará el futuro de otras 75, a la espera del nuevo marco normativo de la ley de parcelaciones, actualmente en el Congreso.
El Consejo de Corfo define qué proyectos de investigación y desarrollo se financian con el dinero de los contratos de arriendo del Salar de Atacama. Hasta ahora, ambas compañías han entregado unos US$ 200 millones.