J. Miller en Washington y C. Grimes en Los Ángeles
Al pedir tropas para reprimir las protestas en Los Ángeles el domingo, Donald Trump ha demostrado que está dispuesto a poner al país en pie de guerra —y probar los límites del poder Ejecutivo— para lograr sus objetivos.
Por primera vez en décadas, la Guardia Nacional fue desplegada contra ciudadanos en territorio nacional y pese al rechazo del gobernador de un estado, valiéndose de una poco utilizada ley, diseñada para ayudar a Estados Unidos a combatir una invasión extranjera.
Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confrontan a los manifestantes frente al Ayuntamiento de Los Ángeles durante una protesta contra las redadas migratorias en el centro de Los Ángeles, California, el 8 de junio de 2025.
La última vez que un presidente estadounidense desplegó a la Guardia Nacional en un estado sin que el gobernador lo pidiera fue en 1965, cuando Lyndon Johnson envió tropas para proteger a los manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama.
Pete Hegseth, secretario de Defensa, incluso amenazó con enviar a la Infantería de Marina para sofocar los disturbios provocados por las redadas contra presuntos inmigrantes ilegales. Eso requeriría invocar la Ley de Insurrección, algo que ocurrió por última vez hace 30 años durante los disturbios que estallaron en Los Ángeles tras la absolución de los policías que golpearon a Rodney King.
El despliegue de la Guardia Nacional en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que es mayoritariamente liberal, fue “claramente hecho como una demostración autoritaria de fuerza”, dijo Ryan Enos, profesor de gobierno en la Universidad de Harvard. Y agregó: “No hay ninguna razón política por la que la administración deba estar apuntando a lugares en Los Ángeles en vez de lugares en estados republicanos”.
Este despliegue es el último esfuerzo de la administración Trump para poner a prueba los límites de la autoridad presidencial y obligar a los estados gobernados por los demócratas a acatar los edictos federales. Algunos académicos advierten que estos esfuerzos desafían cada vez más abiertamente las convenciones políticas y la Constitución de Estados Unidos.
En cuestión de días, Trump ordenó una investigación sobre su exrival presidencial Joe Biden y funcionarios de la administración anterior, y amenazó con detener el flujo de fondos federales a California.
El presidente planteó la idea de cancelar contratos gubernamentales celebrados con empresas pertenecientes a su exaliado Elon Musk, y advirtió que habría “consecuencias muy graves” si el multimillonario utiliza su dinero para respaldar a candidatos demócratas.
Los lugartenientes más entusiastas de Trump han lanzado amenazas similares. El vicepresidente J.D. Vance sugirió que "extranjeros sin derecho legal a estar en el país ondeando banderas extranjeras y agrediendo a las fuerzas del orden" podría definirse legalmente como una invasión.
Stephen Miller, artífice de la política migratoria de la Casa Blanca, afirmó que la disyuntiva del país era "deportar a los invasores o rendirse a la insurrección". Respaldó una publicación que exigía deportaciones masivas sin importar el costo y que concluía: "Si esto no se gestiona, nada más importa".
En Fox News, el zar de la frontera, Tom Homan, sugirió que el Departamento de Justicia investigue a los legisladores demócratas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quienes pidieron a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas que no ocultaran sus rostros detrás de máscaras cuando realizaran redadas.
Para justificar el despliegue de tropas en Los Ángeles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los agentes del ICE simplemente perseguían a los "peores de los peores": extranjeros delincuentes ocultos en comunidades que, en general, respetaban la ley. Sin embargo, la detención de obreros que se reunían frente a locales de Home Depot a la espera de ser contratados, como hicieron agentes de ICE en Los Ángeles el viernes, parece indicar lo contrario.
Un hombre ondea una bandera mexicana mientras el humo y las llamas se elevan desde un vehículo durante una protesta contra las redadas federales de inmigración, cerca del Ayuntamiento de Los Ángeles, California, el 8 de junio de 2025.
Un informe del Washington Examiner, de tendencia conservadora, publicado la semana pasada afirmó que Miller había criticado duramente al alto mando de ICE por perseguir solo a delincuentes y lo había exhortado a detener a todos los migrantes indocumentados. ICE lo ha negado.
El amplio alcance y la naturaleza aleatoria de las redadas realizadas por los agentes de ICE en los últimos días quedó de relieve traer el arresto por error de un alguacil estadounidense en Arizona, que, según admitieron los funcionarios, simplemente "encajaba con la descripción general de un sujeto buscado por ICE".
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ofensiva migratoria de Trump
El sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió las operaciones como “esenciales para detener y revertir la invasión de criminales ilegales a Estados Unidos”.
Los críticos de la ofensiva inmigratoria dicen que las redadas son indiscriminadas por diseño.
“Obviamente, saben que las deportaciones masivas van a ser increíblemente perturbadoras para estas ciudades que tienen tantos inmigrantes viviendo en ellas”, dijo David Bier, director de estudios de inmigración en el Cato Institute, un grupo de expertos libertario.
“Esperaban y anhelaban este tipo de reacción”, añadió, “porque les conviene políticamente y… justifica aún más las deportaciones masivas y otras apropiaciones de poder”.
Andrew Weinstein, un abogado que se desempeñó como delegado público ante la ONU durante la presidencia de Biden, dijo que la escalada era parte de una estrategia más amplia.
“Ya sea la politización sin precedentes de las fuerzas armadas, el ataque (de la administración Trump) a la educación superior bajo el pretexto de combatir el problema muy real del creciente antisemitismo, o la deportación acelerada de no ciudadanos sin el debido proceso, todo es un pretexto para promover una agenda autoritaria”, dijo sobre las recientes medidas de la Casa Blanca.
“Cada una de estas acciones resquebraja un poco más los cimientos de nuestra democracia”.
Por ahora, el apoyo público a la ofensiva migratoria de Trump parece mantenerse. Una encuesta de YouGov para CBS, realizada antes de las protestas de Los Ángeles, reveló que 54% del país está a favor del plan. Sin embargo, esa cifra disminuyó cuando se preguntó a la gente si apoyaba perseguir a quienes no son delincuentes peligrosos.
A diferencia del primer mandato de Trump, cuando el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, se negó a enviar militares para reprimir las protestas de Black Lives Matter, no ha habido una oposición real al despliegue militar por parte de los miembros de la administración ni de los republicanos en el Congreso.
Por su parte, Trump no vio motivo alguno para desescalar la situación el domingo. "Vamos a desplegar tropas en todas partes", declaró a la prensa. "No vamos a permitir que esto le pase a nuestro país. No vamos a permitir que nuestro país se desgarre como ocurrió con Biden".
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