La cruzada de Elon Musk para recortar el gasto del gobierno estadounidense sufrió reveses el jueves después de que un juez federal prohibiera al Departamento del Tesoro entregar datos de su sistema de pagos a terceros y uno de los empleados del multimillonario se vio obligado a renunciar por publicaciones racistas en las redes sociales.
La jueza Colleen Kollar-Kotelly puso en vigor la orden temporal después de que Musk se jactara de que su equipo en el “ Departamento de Eficiencia Gubernamental ” (Doge) estaba “cerrando rápidamente” las remesas del Tesoro. Al parecer, obtuvieron acceso al sistema que desembolsa billones de dólares, incluidos los pagos de la seguridad social y Medicare, cada año.
Horas después de la decisión del juez, el programador Marko Elez, de 25 años, que trabajaba para Doge en el Tesoro, renunció abruptamente después de que se descubrieran comentarios aparentemente racistas en una cuenta inactiva en las redes sociales. El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre las publicaciones en las redes sociales.
Elez fue uno de los pocos ingenieros jóvenes reclutados por el presidente de Musk y asignados a varias agencias gubernamentales. Cuando se le preguntó sobre sus funciones esta semana, el presidente Donald Trump calificó a los programadores de "muy inteligentes" y defendió su trabajo.
A principios de esta semana, representantes de empleados gubernamentales y jubilados presentaron una demanda para impedir que los datos confidenciales (a los que accedió Elez) se compartieran con Musk y otros en Doge, argumentando que tales medidas los estaban "privando de las protecciones de privacidad que les garantiza la ley federal".
Aunque el gobierno estadounidense aseguró al tribunal que sólo dos de los emisarios de Doge, el director ejecutivo de Cloud Software Group, Tom Krause, y Elez, tenían acceso al sensible sistema, Kollar-Kotelly emitió una orden que impide que se comparta cualquier información fuera del Tesoro mientras considera una orden judicial más permanente.
Como resultado, el propio Musk no podrá revisar los datos extraídos del sistema de pagos.
El desafío legal surge mientras los funcionarios del Tesoro y la Casa Blanca han buscado calmar los temores sobre el supuesto acceso de Musk y Doge al sistema, y su autoridad más amplia, después de que el empresario sugiriera que su equipo estaba cancelando unilateralmente los pagos "ilegales".
El lunes, Trump dijo que Musk, quien fue nombrado empleado especial del gobierno, “no puede hacer, y no hará, nada sin nuestra aprobación”.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt también confirmó que Musk se abstendría de cualquier situación en la que pudiera tener un conflicto de intereses. “Si Elon Musk se encuentra con un conflicto de intereses con los contratos [de sus empresas] y la financiación que supervisa Doge, entonces Elon se excusará de esos contratos... ha cumplido con todas las leyes aplicables”, dijo.
Doge, cuyos emisarios se han infiltrado en las redes de varias agencias gubernamentales, incluida la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Transporte, ha sido demandado varias veces por grupos que afirman que el organismo está eludiendo varias protecciones legales.
Por otra parte, el jueves un juez de Massachusetts ordenó que el plazo para que los empleados federales acepten o rechacen un paquete de indemnización —parte de un esfuerzo de reducción de personal encabezado por Musk— se extienda al menos hasta el lunes.
La Casa Blanca también confirmó que hasta el momento sólo 40.000 trabajadores habían aceptado la oferta, muy por debajo de los cientos de miles que había previsto anteriormente.
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