Por Renato García Jiménez
En medio de la turbulencia que ha sacudido a los mercados mundiales en las últimas semanas, muchos pasaron por alto que recientemente la economía de Estados Unidos estuvo otra vez al borde del precipicio. Y la causa no estuvo en el estancamiento de la actividad, como se podría suponer, sino en el Congreso, reforzando las visiones de diversos expertos que han advertido que el origen de la crisis que vive el país no es económico sino político.
El gobierno estuvo a punto de quedarse sin recursos para seguir operando, lo que hubiera obligado al cierre del aparato estatal, luego de que los parlamentarios no lograran ponerse de acuerdo sobre un procedimiento que normalmente hubiera sido considerado como de rutina.
Durante la noche del jueves 22 de septiembre, un grupo de representantes Republicanos inesperadamente se rebeló y, desobedenciendo una orden de partido, recortó las asignaciones a dos partidas presupuestarias menores, una que destinaba recursos para ayuda en caso de desatres naturales, y otra que asignaba subsidios a Solyndra, una planta de energía solar. Aunque la compañía de hecho ya había quebrado debido a manejos cuestionables, los legisladores Demócratas prometieron bloquear el proyecto cuando llegara al Senado y así lo hicieron. Los legisladores oficialistas argumentaron que para ellos era un asunto de principios, incluso aunque el monto en discusion era pequeño en relación al presupuesto total.
Finalmente, y después de una dura batalla, recién el 4 de agosto el Congreso pudo liberar todos los recursos necesarios para mantener al aparato estatal funcionando hasta el 18 de noviembre. Después de esa fecha, sin embargo, los observadores advierten que los enfrentamientos sobre el gasto volverán.
Juego de alto riesgo
La polémica en el congreso es particularmente inquietante porque sugiere que Standard & Poor’s tenía razón cuando advirtió que existe una parálisis estructural que está profundamente enraizada en el sistema político de EEUU, y que amenaza empujar a la debilitada economía a una nueva recesión.
A comienzos de agosto, la mayor economía del mundo estuvo al borde de un default, porque los parlamentarios no podían alcanzar un acuerdo para elevar el techo de la deuda pública. Aunque el colapso se evitó a último minuto, las dudas persisten. La condición para subir el techo de la deuda fue un compromiso para recortar el millonario déficit fiscal. En la práctica, sin embargo, sólo se resolvió una pequeña rebaja, de la cual, la mayor parte tendrá que resolverse en algfunos años. Para el grueso del recorte se resolvió designar un “supercomité” legislativo que tiene hasta el 23 de noviembre para resolver.
Tras este dudoso desenlace, la calma duró sólo unos días, porque poco después S&P sacudió a los mercados mundiales rebajando por primera vez en la historia la calificación de deuda de EEUU, considerada tradicionalmente la economía más segura del mundo. La agencia justificó su decisión señalando que “la efectividad, estabilidad y predictibilidad de las instituciones políticas de EEUU se ha debilitado hasta un nivel mayor de lo que habíamos previsto”. Aunque la Casa Blanca acusó a la compañía de estar haciendo análisis políticos, S&P se defendió diciendo que el estancamiento en el Congreso tendría un efecto económico real.
Menos de dos meses después de esos eventos, los legisladores estadounidenses siguen dando señales de que no son capaces de transar, ni siquiera en un punto menor. Y eso, a pesar de que la crisis económica en Europa es hoy mucho más severa que en agosto y, por lo tanto un nuevo quiebre en el Capitolio tendría consecuencias hoy mucho más debastadoras para la economía global y de EEUU.
Iniciativas sin destino
Las señales de la parálisis abundan. A comienzos de septiembre, el presidente Barack Obama presentó plan de US$ 447 mil millones para fomentar la creación de empleos. Pero no pasó más de un día antes de que los Republicanos plantearan sus críticas. La oposición, que tiene mayoría en la cámara, dijo a comienzos de semana que sólo estaría dispuesta a rescatar una parte del proyecto original, una iniciativa que acelera los pagos para las empresas contratistas del Estado.
Un mes después de que lanzara su iniciativa, ni siquiera tiene con los votos suficientes como comenzar a ser debatida en el Senado, donde los Demócratas supuestamente tienen mayoría.
Y el mandatario no lo ha hecho mejor con su propuesta para recortar el millonario déficit fiscal, que presentó el 19 de septiembre. La iniciativa se sustentaba principalmente en un aumento de los impuestos a los más ricos por
US$ 1,5 billón (millón de millones).Esto, a pesar de que la Casa Blanca sabía desde hace meses que los Republicanos rechazarían cualquier acción para elevar los tributos.
El mandatario además eliminó del proyecto las iniciativas que había negociado en un acuerdo previo para hacer una reforma a los onerosos sistemas de salud y seguridad social. Y prometió también vetar cualquier enmienda que reduzca los planes de ayuda.
Pero eso en realidad no importa. Por el contrario, los Demócratas en la cámara alta, están incorporando mayores alzas de impuestos también a este proyecto. De esta manera confían en que podrán exponer a sus adversarios ante el electorado como los defensores de los millonarios, que bloquean las reformas, a costa de los miles de trabajadores desocupados en el país.
Supercomité no tan “súper”
En última instancia, todas las disputas sobre el gasto tendrán que ser resueltas por el supercomité. Y tampoco acá el panorama parece muy auspicioso. El Senador Republicano Jon Kyl, uno de los miembros republicanos del supercomité, ya aseguró que renunciaría a su cargo si se recortaba más el gasto en defensa. Muchos de los doce miembros del grupo (seis republicanos y seis demócratas), han recibidos importantes aportes de campaña de contratistas militares de EEUU
Para presionar a los miembros a buscar una salida consensuada, el proyecto original contemplaba que si no había acuerdo, se gatillarían recortes automáticos en el gasto. Pero ahora esa misma garantía está en peligro, a medida que en las últimas semanas han surgido ataques bipartidistas para tratar de desmantelar precisamente esos mecanismos de ajustes automáticos.
La fábrica de la polémica
La férrea defensa de los demócratas a los fondos para Solyndra provocó un episodio embarazoso para la Casa Blanca. En medio de la discusión surgieron evidencias de manejos oscuros en la fábrica de paneles solar. La planta de US$733 millones contemplaba una capacidad mucho mayor a cualquiera de los contratos que jamás alcanzó a acordar.
Pero la quebrada compañía no sólo pecó de optimista, sino también de ostentación. El ahora abandonado edificio contaba con duchas estilo spa, con pantallas digitales de cristal líquido para regular la temperatura y con unos pequeños robots que animaban a los trabajadores silbando al ritmo de las melodías de Disney. Solyndra se acogió a protección de acreedores el 6 de septiembre y despidió a sus 1.100 trabajadores. En los últimos meses Obama estuvo cerca de incluir una parada en sus instalaciones durante una gira por el país para fomentar la creación de empleos.
Todos contra el Enemigo extranjero
En medio de sus diferencias aparentemente irreconciliables en asuntos locales, los parlamentarios estadounidenses aparentemente sólo han podido encontrar un suelo común para confrontar a los enemigos extranjeros. Los legisladores han postergado el debate sobre el plan de empleos de Obama para acelerar la discusión de un proyecto de ley que busca sancionar a China por la manipulación de su divisa. La iniciativa propone que la intervención en el tipo de cambio sea considerada como una manera de subsidio, y por lo tanto, permita tomar represalias.
La propuesta sorprendentemente ha encontrado amplio apoyo entre republicanos y demócratas, a pesar de que los economistas advierten que iniciar una guerra comercial con China en momentos en que la economía mundial está al borde del colapso sólo podría empeorar las cosas. La iniciativa fue aprobada ayer en un primer trámite en el Senado.
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