Petroleras reanudan sus inversiones en Bolivia tras periodo de incertidumbre

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) afirmó hoy que las petroleras que operan en el país reanudaron sus inversiones, tras el estancamiento de los últimos años por la incertidumbre vivida en el sector.

El presidente de la CBH, José Magela Bernardes, dijo hoy que las inversiones de las firmas privadas "ya se están materializando", con lo cual se cumplió su pronóstico de que comenzaría el flujo de capitales al sector a partir del segundo semestre del 2008.

"No nos equivocamos", dijo Magela en su discurso de inauguración de un Congreso del sector petrolero en la ciudad oriental de Santa Cruz, aunque no precisó cifras sobre ese despegue inversor.

Además señaló que los "nuevos planes de inversión están en análisis, no solo en lo privado, sino también en lo público" porque la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es ahora un "importante inversionista" que se mueve a "grandes pasos".

Las petroleras en Bolivia habían paralizado sus inversiones en los últimos años ante las reformas tributarias de 2005 y las políticas nacionalizadoras emprendidas después por el Gobierno de Evo Morales.

Esta situación provocó un estancamiento de la explotación de gas natural que afectó al cumplimiento de los compromisos exteriores, principalmente con Argentina.

En su discurso, Magela también destacó que Bolivia "está en una situación privilegiada" porque tiene "suficientes reservas para atender las necesidades de demanda del mercado interno y los mercados de exportación por las siguientes décadas".

Agregó, además, que "cuenta con un potencial de exploración bastante atractivo desde el punto de vista geológico" pero que "seguramente" le falta conectar los mercados a las reservas, lo que, a su juicio, se puede lograr con la capacidad técnica que tiene el país actualmente.

Según datos del Gobierno, las empresas privadas y YPFB tienen previsto invertir este año al menos US$1.266 millones, de los que más de US$200 millones los aportará el Estado y unos US$876 millones las empresas privadas.