Una nueva serie de huelgas y paros contra las políticas de recortes marcó hoy el anuncio del regreso a Atenas de los inspectores de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), encargados justamente de verificar que Grecia está cumpliendo sus compromisos de ahorro.
Tres semanas después de que los expertos internacionales abandonaran Grecia por la falta de avances en la aplicación de esa política de austeridad, la UE anunció hoy que las negociaciones con el Gobierno griego se reanudarán mañana, una vez que Atenas mostró su disposición a meter más la tijera al gasto público.
Los representantes de la "troika" formada por la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) revisarán los detalles de un programa que abarca hasta el año 2014, con fechas y medidas concretas cuyo primer objetivo es rebajar el déficit fiscal desde el 10,5 % de 2010 hasta el 7,6 % este año.
Ese plan contempla eliminar 150.000 funcionarios, los primeros 30.000 ya este año, que se sumarían a los 170.000 empleados del Estado que perdieron su trabajo en los dos últimos años mediante prejubilaciones o la no renovación de contratos temporales.
La rebaja de las pensiones y sueldos públicos, el aumento de los impuestos, la privatización de empresas o la liberalización de profesiones forman también parte de esta estrategia para reducir la enorme deuda que arrastra el país mediterráneo.
Ya anoche, el Parlamento heleno aprobó con una apurada mayoría de 155 votos a favor y 142 en contra un impuesto extraordinario sobre la propiedad inmobiliaria.
Este impuesto es muy contestado en la calle e incluso generó malestar en el propio Pasok, el partido socialdemócrata del primer ministro Yorgos Papandréu.