US$ 160 millones valían las cerezas destruidas
El buque Saltoro, de la naviera danesa Maersk, quedó varado en alta mar el 13 de enero, lo que implicó la pérdida de 1.300 contenedores de cerezas chilenas, avaluadas (según valor FOB) en cerca de los US$ 160 millones.
Pero la disputa estalló luego de que, en febrero, Maersk iniciara ante el 5° Juzgado Civil de Valparaíso una solicitud para constituir un “fondo de limitación de responsabilidad”. El tema es que dicho fondo implicaría el pago de solo $ 15.213 millones (unos US$ 16 millones), es decir, en torno a un 10% de los perjuicios de la fruta, que finalmente fue destruida.
La pugna en la justicia civil terminó escalando al Tribunal Constitucional (TC), sede a la cual acudió un grupo de exportadoras -entre las que se incluyen David del Curto, Monte Verde y San Francisco Lo Garcés- con el fin de suspender el procedimiento y, eventualmente, poder acceder a otras instancias legales para exigir el pago de una compensación mayor.

Jorge Bermúdez, socio de Msya Abogados. Foto: Aton
“La aplicación del estatuto que configura el fondo de limitación de responsabilidad provoca una situación de desprotección de los derechos de nuestras representadas, generando una consecuencia del todo desproporcionada por los efectos que la constitución de dicho fondo comporta y un efecto inconstitucional en su aplicación”, argumentaron las empresas al momento de ingresar el requerimiento.
En agosto, el TC ya había suspendido temporalmente el procedimiento que tramitaba el 5° Juzgado Civil de Valparaíso y, ahora, declaró admisible el requerimiento deducido por las exportadoras.Los argumentos
Las empresas son representadas por Carlos Cayazzo, socio de Estudio Carvallo, pero además, ficharon para la causa al excontralor, Jorge Bermúdez, hoy socio de Moreno, Sáez & Avilés Abogados (MSyA).
Bermúdez señala a DF que el juicio civil se va a mantener suspendido hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo del asunto. El excontralor explica que, cuando una empresa internacional limita su responsabilidad, excluye la posibilidad de litigar en cualquier tribunal, ya sea local o extranjero. De ahí las intenciones de este requerimiento.“Dejar sin efecto el fondo de limitación, lo que va a permitir es que las personas que sufrieron los daños, es decir, las exportadoras y los agricultores, puedan demandar en la jurisdicción que corresponda (...) Es decir, estamos tratando de levantar este impedimento legal que hoy día existe para poder reclamar ante un tribunal”, adelanta.
El jurista plantea que se está ocupando una figura obsoleta y que buscan sentar un precedente para que los riesgos del transporte marítimo sean compartidos. “Evidentemente la navegación puede comportar algunos riesgos, pero no puede ser que la peor parte se la lleve el exportador. La institución del fondo de limitación de responsabilidad tenía sentido cuando había piratas, cuando un barco se hacía a la mar y perdías contacto con él hasta que regresaba al mismo puerto (...) nada de eso hoy día existe”, argumenta.
Al cierre de esta edición, Maersk no respondió las consultas de DF.