Por Alan Rappeport en Washington
La Corte Suprema de EEUU debatió ayer el papel del gobierno federal en las vidas de los ciudadanos a medida que varios jueces expresaron un profundo escepticismo sobre el derecho de la administración Obama de exigir que cada estadounidense compre un seguro de salud.
En el segundo de los tres días de discusiones, el tribunal enfrentó la pregunta de si el gobierno federal puede obligar a sus ciudadanos a comprar un producto o pagar una multa. Este problema ha tocado el nervio en EEUU y se ha transformado en un asunto político central antes de la elección presidencial en noviembre.
El juez Anthony Kennedy, que es visto como el voto “que puede darse vuelta”, enmarcó la importancia del caso diciendo que al permitir que el Congreso obligue a la gente a comprar seguros de salud “cambia la relación del gobierno federal con el individuo en una manera fundamental” y que EEUU tiene una “carga muy pesada” para probar que la ley es constitucional.
El cuestionamiento cayó dentro de las líneas ideológicas. Durante un debate, el juez Samuel Alito, un conservador, criticó la idea de exigir a los jóvenes y a las personas saludables subsidiar un producto que será usado por otros. La jueza liberal Ruth Bader Ginsburg respondió señalando que “así es cómo funcionan los seguros” y añadió que las personas que no compren el seguro de salud lo harán más caro para otros cuando no puedan pagar sus cuentas.
El tenor de las preguntas con frecuencia pasó al ámbito de los debates políticos que han estado dominando en EEUU a medida que avanza la temporada de elección presidencial.
El juez jefe John Roberts pidió a Donald Verrilli, procurador general, que explique qué límites se mantendrán al poder federal si la obligatoriedad del seguro se permite. Preguntó si otras actividades comerciales esenciales, como pagar un entierro o una cremación, necesitaban una nueva regulación. También expresó dudas sobre la amplitud de la cobertura del seguro de salud entregada por el mandato, aludiendo a una reciente controversia sobre la cobertura para el control de natalidad, cuando la mayoría de los costos están asociados a eventos catastróficos.
“Su teoría es que hay un mercado en el que todos participan porque todos podrían necesitar cierto tipo de rango de servicios de salud, y sin embargo, está exigiendo a la gente que nunca va a necesitar servicios pediátricos y de maternidad que participen en ese mercado”, añadió Roberts.
El mandato está destinado a actuar como un canje con las compañías aseguradoras, a las que por ley se les exige cubrir a personas con condiciones médicas pre-existentes y tienen límites a cuánto pueden subir las primas. El costo extra de esto sería compensado por la incorporación de más de 30 millones de clientes de seguros al mercado.
Se espera que la Corte Suprema entregue su veredicto a fines de junio.
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