Los ex bonistas de Corpgroup Banking (CGB), Juan Carlos Petersen y Marisol Burgos ingresaron una nueva querella contra Álvaro Saieh, Jorge Andrés Saieh, María Catalina Saieh, Cristóbal Cerda y Pilar Dañobeitía acusando el “delito reiterado de otorgamiento de contrato simulado”.
La querella, presentada el pasado viernes por el abogado Carlos Cortés, y declarada admisible este lunes por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, explica que entre 2015 y 2020 los querellados dispusieron que CGB ejecutara con sus relacionadas Interhold, Saga y Gasa, “una serie de contratos de suscripción y compraventa de acciones de Financial Chile DOS y SAGA, todos los cuales son simulados, ya que la real voluntad del controlador fue sacar la liquidez (dinero) de CGB y en ningún caso adquirir las referidas acciones. Luego, dichos recursos -ya una vez en el patrimonio de SAGA- fueron dispuestos por el querellado en su beneficio o de alguna de las sociedades de su familia".
La acción legal añadió que "se trató de la celebración de una serie de contratos de traspasos de acciones por un monto total aproximado a los $ 164.735.000.000. Significó un vaciamiento del patrimonio de CGB realizado en perjuicio de los bonistas (...) En conclusión, el emisor del bono fue despojándose de toda su caja”.
La semana pasada además, los querellantes acompañaron a la carpeta de investigación un informe pericial contable del contador Leonardo Quintanilla, quien analizó una serie de operaciones que dan origen a esta nueva querella.
Las operaciones “o el mecanismo” como lo describen en la querella, tras citar una serie de declaraciones de ejecutivos de CGB, involucraría a un conjunto de sociedades que hicieron 37 transacciones. “De acuerdo a los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, se realizaron operaciones entre sociedades relacionadas entre los años 2015 a 2020 ascendieron a un total de $ 291.745.501.383”, cita el documento.
La acción judicial acusa que los referidos recursos fueron transferidos a SMU por $ 37 mil millones, COPESA por otros $ 1.250 millones, ítem inversiones por $87.382.450.000, GASA ($ 14.045 millones), empresas relacionadas por un total de $ 22.959.647.011 y “desconocido” por un monto equivalente a $ 129.108.404.372.
“No hay dudas que el controlador del grupo económico tiene una función relevante, con independencia de su cercanía con el acto. En definitiva, el querellado perfectamente puede no haber participado de las sesiones de directorio, así como tampoco suscrito alguno de los contratos, pero no por ello deja de tener la competencia preferente por el hecho”, expusieron en la querella.
Además, aclaran que renunciaron “al ejercicio de acciones civiles por indemnización de perjuicios por los hechos que motivan esta querella. En resumen, se viene en ejercer la acción penal pública, sin pretensión indemnizatoria”.
Querellas desistidas
En octubre pasado la Corte de Delaware, donde se tramitó el Chapter 11 de CGB ordenó a MBI desistir de la querella, por haber sido hechos que ya se habían hablado en dicho proceso. De los 72 querellantes que se sumaron a esa acción, solo quedan dos en la causa, uno de ellos el mismo Petersen que se suma a esta acción nueva.
Consultados los abogados de Saieh Samuel Donoso y Gonzalo Cisternas sobre esta acción penal, dijeron que “los hechos en que se funda esta querella no son nuevos y son materia de investigación por el Ministerio Público, que ha ordenado un conjunto de diligencias destinadas a precisar los hechos y, de acuerdo a lo sostenido por nuestra defensa, acreditar que no existe delito alguno que pueda ser atribuido a los querellados”.
Agregaron que “la investigación del Ministerio Público acerca de estos hechos se inició tras la presentación de 72 querellas por parte de ex bonistas, la mayor parte de ellas patrocinadas por el mismo equipo de abogados. Setenta de ellas fueron desistidas. El querellante Petersen es uno de los dos querellantes que no se han desistido. El argumento más relevante en los desistimientos fue que ‘esta parte querellante ha llegado a la conclusión de que no existen hechos delictivos de ningún tipo, razón por la cual viene a desistirse en todas sus partes de la querella criminal presentada en autos’”.
Y concluyeron que “la defensa de los exdirectores y ejecutivos de CorpGroup Banking tiene la convicción que esta nueva querella carece de todo fundamento jurídico y busca obtener ventajas económicas en desmedro del resto de los ex bonistas que llegaron a un acuerdo en la Corte de Delaware. Demostraremos con pruebas irrefutables y peritajes independientes la falsedad de las imputaciones y se ejercerán todas las acciones pertinentes, incluido el pago de las costas, tanto en Chile como ante la Corte de Delaware, instancia donde se resolvieron en su oportunidad todos los temas pendientes entre los ex bonistas y CorpGroup Banking”.
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