Chile lidera a nivel regional la regulación tributaria de los activos digitales tras iniciar la adopción del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), el nuevo estándar de la OCDE diseñado para transparentar las operaciones del mercado de criptoactivos.
El gerente de asesoría legal y tributaria de PwC Chile, Jonatan Israel, explicó que esta iniciativa surge por los obstáculos de las administraciones tributarias para visibilizar a titulares de criptomonedas y las rentas relacionadas, debido a que no se transan en intermediarios tradicionales como bancos o gestores de inversión.
Con la implementación de este estándar, se busca tener claro quiénes poseen estos activos en el país, sus operaciones, si hay generan renta y hubieran potencialmente impuestos adeudados a partir de ellas.
“El CARF tiene esta arista tributaria, asistiendo en la prevención de actividades que pueden estar relacionadas con lavados de activos y otras actividades”, sostuvo el abogado. En esa línea, agregó que “el CARF está inserto en tratar de equiparar el estándar de reporte de los activos financieros tradicionales a lo que tenemos en el mundo cripto”.
Según PwC, Chile ha marcado un hito al ser uno de los primeros países en comprometerse con este marco y el único de Latinoamérica que se suscribió al acuerdo.
La nueva lupa sobre los intermediarios
La implementación en el plano local se materializó en agosto de 2025 a través de las resoluciones Nº 113 y 114 del SII. Estas normativas establecen que cualquier entidad chilena que actúe como intermediario o provea plataformas de intercambio de criptoactivos deberá presentar declaraciones juradas detalladas sobre las operaciones realizadas en sus sistemas.
Israel explicó que la diferencia fundamental entre ambas resoluciones radica en el alcance de los sujetos reportados. Mientras una se enfoca en la información de contribuyentes residentes en Chile, la otra obliga a informar sobre las operaciones de personas no residentes.
Desafíos de cara a la Operación Renta
De cara a la próxima Operación Renta, el nuevo marco pone presión sobre los contribuyentes y las plataformas. Israel comentó que la declaración de las operaciones ocurridas entre enero y diciembre de cada año comercial deberá presentarse antes del 30 de junio de cada año.
Esto significa que posterior al cierre de la Operación Renta 2026, el SII contará con el detalle de todo lo transado durante el 2025, permitiendo fortalecer los cruces de datos y las fiscalizaciones eventuales.
Si bien las transacciones fuera de plataforma o mediante “billeteras frías” siguen siendo difíciles de detectar, el especialista estimó que cerca del “95% de las operaciones de personas comunes ocurren en exchanges que están bajo supervisión o reguladas” y por tanto, serán visibilizadas por la autoridad tributaria.
Finalmente, Israel indicó que la rapidez con la que Chile adoptó estas medidas demuestra que “hay un interés de parte de la autoridad tributaria en este tipo de mercado y por lo mismo quienes operen en esto tienen que estar ordenados”.
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