La Contraloría General de la República envío el informe final de su auditoría al sistema de créditos para estudios superiores con aval del Estado (CAE) a la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía Nacional Económica, el pasado 10 de octubre, para “los fines a los que haya lugar”. Esto, porque a la Contraloría “no le compete pronunciarse sobre las fluctuaciones de mercado”, según el informe señala tras detectar recargos y reventas de cartera sin tope de los CAE.
Además indica que la Comisión Ingresa solamente fijó en la licitación del año 2006 el porcentaje de venta de créditos por parte de los bancos al Fisco (25% para ese año). No obstante, no lo hizo en las bases de licitación ni en otro instrumento entre 2007 y 2009, restableciéndolo sólo a partir del año 2010.
La situacion descrita, “no se condice con lo previsto en la ley que crea la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores”.
Estas ventas se adjudicaron con tasas de recargo que fluctúan entre el -2% y 90%, lo que ha implicado que la Tesorería General de la República haya desembolsado la suma de $ 144.405 millones (US$ 288 millones) entre 2006 y 2011.
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