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Publicado: Miércoles 16 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
La Contraloría General de la República envío el informe final de su auditoría al sistema de créditos para estudios superiores con aval del Estado (CAE) a la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía Nacional Económica, el pasado 10 de octubre, para “los fines a los que haya lugar”. Esto, porque a la Contraloría “no le compete pronunciarse sobre las fluctuaciones de mercado”, según el informe señala tras detectar recargos y reventas de cartera sin tope de los CAE.
Además indica que la Comisión Ingresa solamente fijó en la licitación del año 2006 el porcentaje de venta de créditos por parte de los bancos al Fisco (25% para ese año). No obstante, no lo hizo en las bases de licitación ni en otro instrumento entre 2007 y 2009, restableciéndolo sólo a partir del año 2010.
La situacion descrita, “no se condice con lo previsto en la ley que crea la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores”.
Estas ventas se adjudicaron con tasas de recargo que fluctúan entre el -2% y 90%, lo que ha implicado que la Tesorería General de la República haya desembolsado la suma de $ 144.405 millones (US$ 288 millones) entre 2006 y 2011.
El ministro del Trabajo aseguró que nunca se ha distanciado del objetivo y reconoció que debe ser “bastante más claro” en política. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados ofreció un “fast track laboral” para acelerar la agenda de empleo del Ejecutivo.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.