Desde el Poder Ejecutivo presionan para que el proyecto de aborto se vote el próximo martes. La urgencia invocada para despenalizar el delito es mentira. ¿Cuántas mujeres purgan en cárcel una condena por delito de aborto? Ninguna. Es que -se dice- el hecho de que Chile no cuente con una ley que autorice abortar aumenta el riesgo de muerte para mujeres embarazadas. Mentira. Chile, sin ley de aborto tiene en este ámbito, después de Canadá, el mejor índice sanitario de América. Es que -se alega- durante 60 años Chile convivió pacíficamente con el Código Sanitario, que avalaba la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Y el proyecto actual dice lo mismo. Mentira. El Código Sanitario no hizo más que reconocer el principio del doble efecto, que autoriza y aún obliga al médico a extremar su ciencia y pericia para salvar a sus dos pacientes. Si para ello no ve otra opción que interrumpir el embarazo, absteniéndose de eliminar directamente la vida del feto, quedará exento de reproche ético y penal. El proyecto actual no dice lo mismo: crudamente, da licencia para matar al feto. Por eso pretende regular la objeción de conciencia: objeción que ningún médico ha necesitado invocar ni invoca actualmente cuando, siguiendo la “lex artis”, actúa según el principio del doble efecto.
Es que-se arguye- este proyecto no legaliza el aborto: sólo lo despenaliza. Mentira. El proyecto convierte el aborto en un derecho de la mujer, lo que obliga al personal sanitario a realizar su prestación. Sólo el médico, a título personal, puede alegar objeción de conciencia. Objeción que no se admite a nivel institucional. Pero tranquilo, dice el proyecto: esta ley restringe el aborto a tres específicas causales. Mentira. Para sus autores materiales e intelectuales el aborto es un derecho de la mujer, y punto. Porque ella es “dueña de su cuerpo”. Otra mentira. El feto no es parte de su cuerpo. Y nadie es dueño de su cuerpo, porque de serlo estaría autorizado a vender sus partes, lo que está universalmente prohibido.
Pero -se reclama- obligar a una mujer a prolongar su embarazo sabiendo que su hijo morirá muy pronto o es fruto de una violación, es imponerle un gravamen físico y síquico intolerable e inconstitucional. Mentira. El más profundo e imborrable gravamen se instala en la conciencia de la mujer que ha consentido en la eliminación de su hijo. Inconstitucional es destruir deliberadamente la vida del que está por nacer, cualquiera sea su estado u origen.
Claro -se insiste- las religiones están siempre imponiendo a la sociedad sus dogmas revelados. Mentira. El derecho a la vida se defiende desde la razón, la ciencia y el derecho. Todo, en el aborto, es mentira y por eso violencia. El “padre de la mentira” fue “homicida desde el principio”. Condenado, desdichado eternamente.
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