Como gremio que reúne a las Cajas de Compensación, valoramos que el Gobierno haya presentado una propuesta que permite la emisión de tarjetas de prepago, con provisión de fondos, a entidades no bancarias. La aprobación del citado proyecto permitirá que actores como las Cajas de Compensación, que alcanzan una cobertura de 6,5 millones de afiliados, participen y compitan en un mercado en pleno proceso de expansión y desarrollo.
El Congreso está llamado a aprobar proyectos que posibiliten una mayor inclusión financiera de los grupos más vulnerables, quienes serían los más beneficiados si este proyecto sale a la luz. Esto nos da la seguridad de que tendrá buena acogida, pues distinto a lo que el sentido común pudiera indicar, según la última encuesta Casen, sólo 25% de los chilenos tiene tarjeta de débito y el 30% cuenta con tarjetas de casas comerciales. Es decir, existe un 75% que utiliza dinero efectivo en sus transacciones diarias, lo que involucra muchos inconvenientes, como la exposición a robos, el horario acotado de atención en entidades financieras o la discontinuidad de las redes que proporcionan estos servicios por catástrofes u otras razones.
Las tarjetas de prepago deberían entregar mayor comodidad, facilidad de uso, mayor seguridad y reducir los costos de transacción, en cuanto al transporte y la pérdida de tiempo. Además, permitirían el acceso al comercio electrónico a todos aquellos que quieran utilizarlo, incorporando financieramente a quienes les es imposible, por edad o ingresos, acceder a servicios bancarios, propiciando una sana y oportuna competencia.
El proyecto modifica la Ley de Bancos y la Ley del Banco Central a fin de regular el adecuado funcionamiento de este tipo de tarjetas. En el proyecto se explicitan, además, una serie de condiciones para la operatividad y entrega de las tarjetas de prepago, como exigencias de capital pagado y reservas mínimo, objeto social exclusivo, requisitos de liquidez, relación deuda capital, clase de activos en que podrá efectuarse la inversión de los fondos captados según corresponda, políticas de gestión y control de riesgos, transparencia y entrega de información, entre otros.
Sólo falta su aprobación. Este proyecto, que en líneas generales fue presentado el 2013, no debe estancarse nuevamente. Son muchos los beneficios que traerá al país y sus ciudadanos y está en línea con iniciativas que promueven crecimiento y productividad.
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