A pocos días de que la crisis migratoria llevara al presidente interino de Perú, José Jerí, a resolver militarizar las fronteras del país, incluyendo Tacna, en el límite sur con Chile, autoridades locales encendieron las alertas sobre una situación que podría tener serias repercusiones para la operación del sistema de persecución penal en territorios estratégicos para la seguridad del país.
El Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, advirtió que la operación de la Unidad Especializada en Delitos Fronterizos “sería insostenible” ante el inminente recorte de recursos para el Ministerio Público contemplado en el Presupuesto 2026.
La controversia surge a raíz de la decisión de no renovar fondos provenientes de un convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), diseñado para el fortalecimiento institucional. Según explicó Carrera en entrevista con Radio Universo, esta unidad, ubicada estratégicamente en el complejo de Chacalluta, en el límite con Perú, se encarga de investigar ilícitos transnacionales y brindar atención a víctimas vulnerables, especialmente niños, niñas y adolescentes.
El persecutor advirtió que el ajuste fiscal plantea dos escenarios complejos: el cierre definitivo de la unidad o una reducción drástica de su operatividad, eliminando los turnos de noche. “Sería volver a horario oficina”, señaló Carrera, calificando dicha disponibilidad como un contrasentido operativo. “Cuando hicimos la marcha blanca nos dimos cuenta que era un absurdo tenerla abierta solo en horario de oficina. La Fiscalía de Frontera dejaría de funcionar en el horario donde se produce la mayor cantidad de procedimientos”, enfatizó.
El Fiscal Regional recordó que la creación de esta unidad respondió a un acuerdo político-técnico con el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Según Carrera, el convenio actual con la Subsecretaria de Seguridad comprometía la facilitación de cinco funcionarios para estas labores, sin condicionar su financiamiento a una fuente específica como el BID.