Duro revés judicial enfrenta la administración municipal de Coyhaique. El Tribunal Electoral Regional (TER) de Aysén declaró admisible y ordenó tramitar el requerimiento de remoción en contra del alcalde Carlos Gatica Villegas (DC), tras validar los antecedentes presentados por los concejales Sebastián Vera (RN) y Ana María Navarrete (PS). La acción legal (Rol N° 14-2025) busca la destitución del edil por "notable abandono de deberes", fundamentando la acusación en un presunto desorden financiero y administrativo que involucra montos millonarios pagados sin el debido proceso de licitación.
El alcalde acusatorio expone una
"mecánica de elusión" de la Ley de Compras Públicas, advirtiendo un riesgo patrimonial para el municipio derivado de la fragmentación de contratos y la falta de control previo en el uso de recursos fiscales.
La "industria" de los tratos directos
El eje central de requerimiento apunta a la regularización de servicios críticos mediante decretos de pago ex post, esquivando las licitaciones públicas obligatorias. Según el documento ingresado al TER entre 2022 y 2025, la administración de Gatica emitió 471 decretos de pago bajo las glosas “regulariza” o “reconoce deuda”, mecanismo que permitió desembolsar más de $4.403 millones a proveedores sin contrato vigente.
El caso más crítico corresponde a los servicios de recolección de residuos domiciliarios (urbano y rural) y la gestión del relleno sanitario. Los querellantes sostienen que se ha operado al margen de la ley, pagando servicios mes a mes sin las garantías ni la competitividad que asegura una licitación pública, lo que habría generado un sobrecosto y falta de trasparencia en la asignación de recursos.
Alerta de Contraloría: $ 769 millones fuera de sistema
Los argumentos de los concejales se ven reforzados por el reciente Informe Final N° 826-2024 de la Contraloría Regional de Aysén. El ente fiscalizador, tras auditar los gastos y transferencias, constató que el municipio efectuó adquisiciones por $ 769 millones al margen del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (Mercado Público).
La fiscalización dejó en evidencia una gestión marcada por la tramitación tardía de los actos administrativos, situación que, en la práctica, inhibió el oportuno control de legalidad sobre los recursos. Este desorden administrativo se reflejó también en el incumplimiento de normas de transparencia en el uso de bienes fiscales, detectándose la
circulación de vehículos municipales sin el disco distintivo estatal obligatorio.
En materia financiera, el ente contralor levantó observaciones por desembolsos carentes de respaldo suficiente. Se cuestionó la adquisición de 333 souvenirs (mates con bombilla) por $ 1,2 millones, operación que no cuenta con acta de recepción conforme ni acreditación de los destinatarios, lo que derivó en la orden de restituir dichos montos. Asimismo, se objetaron los $ 19,6 millones destinados a la producción del Día del Dirigente, gasto que fue impugnado por no ajustarse a las funciones privativas y fines propios del municipio.
Doble pago y perjuicio fiscal
Otro flanco que deberá despejar el alcalde Gatica ante el Tribunal es la acusación de duplicidad de pagos. El requerimiento detalla un desembolso de $ 31 millones asociado a un conversatorio del dúo musical Los Vásquez. Según los antecedentes, dicha prestación ya estaba cubierta en una licitación anterior, configurando una eventual "dualidad de prestaciones" con perjuicio directo a las arcas municipales.
Asimismo, se cuestiona el termino anticipado de la concesión de parquímetros por “mutuo acuerdo” con la empresa operadora, pese a sus incumplimientos contractuales. Esta decisión administrativa habría impedido al municipio cobrar boletas de garantía y multas correspondientes, afectando los ingresos permanentes de la corporación edilicia.
Próximos pasos
Con la resolución del TER, se abre formalmente el periodo probatorio. El tribunal ordenó la notificación personal al alcalde y la publicación de un extracto en un diario regional. En esta etapa, la defensa de Gatica deberá desvirtuar las acusaciones de "infracción grave al principio de probidad", mientras que el Tribunal ponderará si la magnitud de los montos involucrados —que superan largamente el presupuesto de inversión de muchas comunas de la región— constituye causal suficiente para la destitución de la máxima autoridad comunal.
Desde DF Regiones se intentó comunicar con la Municipalidad de Coyhaique para obtener una declaración del alcalde frente a estos hechos; sin embargo no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
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