La próxima administración de José Antonio Kast deberá abordar un debate pendiente en la industria salmonicultora: los desafíos que presenta la Ley Lafkenche.
Esta legislación, vigente desde 2008, ha generado que, hasta la fecha, existan tres millones de hectáreas en Chile cuya explotación queda bajo discusión. Un análisis de Diario Financiero se centró en las Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) que aún están pendientes, algunos de las cuales se encuentran en distintas fases de tramitación desde el año 2010.
El debate resurge periódicamente. La última discusión tuvo lugar a principios de diciembre pasado, cuando la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de Aysén rechazó por segunda vez, tras una larga sesión, las solicitudes de Ecmpo que buscaban el reconocimiento de 600 mil hectáreas de borde costero en Isla Huichas y Cisnes.
El organismo -integrado por diversas autoridades regionales- votó en contra, sellando un capítulo clave en uno de los procesos territoriales más relevantes y controvertidos de la región.
Pero la polémica detrás está lejos de terminar. Antes de salir electo Jose Antonio Kast, la entonces candidata presidencial Jeanette Jara (PC) reconoció en un debate en Anatel la urgencia de revisar la ley Lafkenche, tras 17 años de su publicación. El próximo Presidente también manifestó la urgencia de evaluar esta norma.
El desglose
Las cifras del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) revelan con claridad el por qué hay una discusión en torno a la Ley Lafkenche: mientras las solicitudes aprobadas siguen siendo marginales, el volumen territorial bajo revisión alcanza dimensiones inéditas.
Según los datos disponibles, en Chile existen 105 solicitudes Ecmpo en revisión, que abarcan 3.093.143 hectáreas. Esta cifra representa más del 93% del total de superficie involucrada en procesos de revisión activos, una proporción que refleja tanto el crecimiento del interés por solicitar estos espacios como las dificultades institucionales para procesarlos.
En contraste, solo 41 solicitudes han sido aprobadas, equivalente a 217.024 hectáreas. Es decir, por cada hectárea aprobada, hay más de 14 hectáreas esperando resolución.
El desbalance es especialmente evidente en Los Lagos y Aysén, donde se concentran las mayores extensiones solicitadas y, al mismo tiempo, los conflictos más visibles con actividades productivas como la salmonicultura, la pesca artesanal y el transporte marítimo.
El avance masivo de solicitudes Ecmpo ha reactivado con fuerza la discusión nacional en torno a la Ley Lafkenche.
Sus defensores sostienen que se trata de una herramienta fundamental de reconocimiento territorial, que otorga a las comunidades indígenas un marco jurídico para resguardar prácticas tradicionales y proteger ecosistemas costeros enfrentados a modelos extractivos.
Pero sus detractores, entre ellos parte del sector acuícola, pesquero y algunos gobiernos regionales, plantean que el diseño actual de la ley permite solicitudes de gran escala, en ocasiones sobre áreas donde no existiría un uso consuetudinario demostrado, generando incertidumbre operativa y presionando la gobernanza marítima.
Un ejemplo es justamente el reciente rechazo de las islas Huichas y Cisnes en Aysén.
Las comunidades solicitaron en principio un millón de hectáreas, pero la cifra de revisión bajó a 600 mil. Para tener una idea, este último número equivale a 2,6 veces el Parque Nacional Torres del Paine o a un 40% de toda la Región Metropolitana.
Los datos entregados por Sernapesca respaldan esta preocupación: sólo la región de Los Lagos concentra más de 1,38 millones de hectáreas en revisión, mientras que Aysén supera el millón.
Debate recién comienza
El contraste entre las solicitudes aprobadas y las que siguen en trámite muestra un sistema sobrecargado, donde la capacidad de evaluación regional es limitada y las expectativas territoriales son enormes.
En total, sumando lo aprobado y lo pendiente, Chile acumula 146 solicitudes y 3.310.167 hectáreas bajo alguna etapa del proceso Ecmpo. De este total, 109 comunidades o agrupaciones distintas han presentado una petición, concentrándose principalmente en la zona austral.
Este escenario alimenta un debate que ya traspasó las comisiones técnicas y se instaló en el Congreso, en los gremios productivos y en organizaciones indígenas. En 2023 ingresó la primera modificación a la normativa y actualmente está en discusión en el Senado.
La Ley Lafkenche y la urgencia de su ajuste, reinterpretación o mantención se posicionan como uno de los ejes de debate más cruciales en la agenda marítima y territorial del futuro cercano. Enfrentar esta tarea será inevitable para el próximo gobierno, dado que el tema ha alcanzado un punto de inflexión.
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Magdalena Espinosa
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