A poco más de una semana del megaincendio que afectó a las localidades de Lirquén y Punta de Parra en la Región del Biobío, el Senado aprobó de manera unánime la Ley de Incendios. La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor y ninguna abstención, pasando ahora a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La votación se da en medio de las presiones del Ejecutivo por acelerar la tramitación de la normativa y un tenso debate entre la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo y la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón.
El proyecto (Boletín 16.335-14) busca modificar estructuralmente la gestión del riesgo, poniendo el foco en la planificación territorial. Entre sus ejes, la ley reconoce la "interfaz urbano-rural" como zona de peligro prioritario, limitando la autorización al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios o productivos en estas áreas si no cumplen estándares mínimos. Asimismo, fija deberes específicos para los propietarios de predios, como la construcción obligatoria de cortafuegos y el manejo técnico de la vegetación.
El proyecto además moderniza la institucionalidad vigente mediante nuevas definiciones técnicas que refuerzan las capacidades operativas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y otorga mayores herramientas al Servicio Nacional Forestal (Senafor), articulando una coordinación más estrecha de ambos organismos con el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres (Senapred) y el sector privado para la mitigación de riesgos.
El texto pone el foco en la prevención a través de la educación comunitaria, incentivos a la agroforestería y la regulación estricta del uso del fuego, disponiendo además de patrullajes específicos para disuadir la intencionalidad y nuevas facultades periciales para la investigación de los siniestros.
Ordenamiento territorial resiliente
El senador por la Región del Biobío, Gastón Saavedra valoró el avance legislativo como un instrumento fundamental para reordenar el territorio, enfatizando la urgencia de implementar "zonas de interfaz" que garanticen una distancia de seguridad entre las viviendas y las áreas productivas forestales o agrícolas.
El parlamentario subrayó que la convivencia en el territorio debe ser armónica y segura. "No pueden estar los árboles en el living de las casas", dijo e hizo un llamado a no normalizar las temporadas de siniestros, calificándolos como incidentes provocados por la acción humana y no como desastres naturales inevitables comparables a un huracán.
Opinión que es coincidente con la planteada por la Corporación Chilena de la Madera (Corma). El gremio forestal abogó por una planificación que permita la "convivencia segura" entre zonas habitacionales y productivas en la interfaz urbano-rural, rechazando visiones excluyentes que eliminen la actividad forestal. “La planificación territorial es una herramienta importante, pero no puede ser la única respuesta frente a incendios cada vez más complejos. Estos cambios deben ser planificados, y no deben significar la existencia de lo uno o lo otro, sino como poder convivir”, declaró el gerente general del gremio, Antonio Minte.
En este contexto, Saavedra instó a utilizar el actual proceso de levantamiento en las zonas afectadas como una oportunidad para una "reconstrucción resiliente", donde la planificación urbana integre planes de gestión de riesgo como condición sine qua non. El legislador detalló que esto implica “corregir deficiencias estructurales como el ancho de los pasajes y el hacinamiento, y eso es parte de los Planes de Gestión de Riesgos y Desastres”. Exigió además al sector privado la gestión preventiva de la biomasa y la construcción de cortafuegos, asegurando así que el nuevo diseño habitacional incorpore anillos de protección efectivos ante futuras emergencias.
Desde Corma defendieron la incorporación del "fuego técnico" como una herramienta preventiva válida de última instancia para la gestión de combustible, la cual debe ser evaluada bajo criterios técnicos y no ideológicos.
Respecto al reciente estudio que fue presentado a instancias técnicas, Minte definió que los antecedentes son reflejo de “una actitud preventiva y colaborativa, no una búsqueda de responsabilidades. Una ley bien diseñada debiera permitir evaluar técnicamente todas las herramientas disponibles, bajo criterios de seguridad, ambientales y territoriales, especialmente considerando que hoy enfrentamos incendios de comportamiento extremo”.
Impacto productivo
Corma valora el proyecto legislativo y aseguró que gran parte de las exigencias técnicas establecidas en él, son prácticas habituales para las grandes empresas del sector, las cuales mantienen voluntariamente más de 20 mil kilómetros de cortafuegos y sistemas de detección temprana.
Sin embargo, advirtió el impacto financiero que la normativa podría tener en los pequeños y medianos propietarios forestales. “Lo que planteamos es que, puntualmente para los pequeños y medianos propietarios forestales es necesario contar con el apoyo económico del Estado, ya que ellos no cuentan con la capacidad financiera para cumplirlas sin apoyo. No sólo tiene un costo de ejecución de las medidas preventivas, también tienen un costo de oportunidad que no ha sido considerado”.
Finalmente, respecto a las mejoras urgentes para la ley, la industria forestal instó a fortalecer la capacidad operativa y judicial del sistema. Solicitaron habilitar despliegues militares preventivos en zonas de alto riesgo, sin depender de Estados de Excepción Constitucional y potenciar el combate nocturno, aéreo como terrestre, dado que el 30% de los siniestros se inician de noche. Además, hicieron un llamado a reducir la impunidad, advirtiendo que sólo 1% de las denuncias termina en condena, y pidieron que la normativa incorpore ejes claros para la recuperación productiva y la reforestación de los ecosistemas afectados tras las emergencias.
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