La causa se remonta a una investigación iniciada en septiembre de 2023, a partir de una querella por el delito de fraude que dio paso a diligencias encabezadas por la Fiscalía de Iquique y la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta semana, el proceso tuvo un nuevo avance con la formalización de Franco Rossi, hijo del exsenador Fulvio Rossi y otras tres personas, por el delito de estafa reiterada. La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Iquique, tras una solicitud del fiscal adjunto Juan Zepeda, quien expuso los antecedentes que sostienen la imputación por una presunta defraudación que habría afectado a cerca de 120 familias de la región, por un monto estimado en $145 millones.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, los hechos investigados se habrían desarrollado principalmente entre 2022 y 2023, periodo en el cual el imputado y las otras tres acusadas habrían creado comités de vivienda con el objetivo declarado de acceder a proyectos de viviendas sociales, recaudando aportes económicos de las familias, los que finalmente no fueron destinados a los fines comprometidos. Según el relato del fiscal, durante 2022 Franco Rossi habría utilizado Facebook para ofrecer servicios de asesoría legal, presentándose ante la comunidad como abogado, instancia en la que convocó públicamente a la conformación de un comité de vivienda. En ese contexto, y considerando que se trataba de una persona conocida en la región por su vínculo familiar con un ex senador, un número significativo de personas habría confiado en la propuesta y decidido integrarse al comité.
Las familias realizaron pagos que fluctuaron entre $13 mil y $25 mil por persona, montos que supuestamente estaban destinados a trámites administrativos. De acuerdo con la investigación, estos recursos fueron depositados en cuentas bancarias de las imputadas Francisca Llanos Rodríguez, Camila Eyzaguirre Negrete y Nicole Zerene Sunnah. Posteriormente, en noviembre de 2022, el imputado habría impulsado un segundo proyecto habitacional bajo el nombre “Viviendas Sarmenia”. Para ello, se creó un grupo de WhatsApp compuesto por más de 120 personas, a quienes se les prometió la adquisición de terrenos en el sector de playa Sarmenia, los que serían subdivididos para la futura construcción de viviendas sociales. Al igual que en el comité anterior, las personas interesadas fueron citadas a notaría para firmar documentos de constitución del proyecto. En esta segunda iniciativa, el imputado habría solicitado un pago inicial de $600 mil por familia para gestiones administrativas, además de un segundo aporte por un monto similar, presentado como adelanto del precio del terreno que se adquiriría. Nuevamente, los recursos fueron transferidos a las cuentas de las imputadas.
Durante el año 2023, según expuso la fiscalía, comenzaron a surgir retrasos en la supuesta compraventa del terreno, los que fueron justificados por el imputado a través de diversas explicaciones, generando incertidumbre entre las familias afectadas. En ese contexto, algunas víctimas se contactaron con Camila Eyzaguirre, quien se había presentado como secretaria de Franco Rossi, señalando que había abandonado el proyecto, que había sido pareja del imputado, pero que ya no mantenían relación y que desconocía el paradero de los dineros recaudados.
Posteriormente, las familias realizaron consultas ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se les informó que no era posible desarrollar proyectos habitacionales en el terreno de playa Sarmenia, debido a que se trata de una zona de inundación, lo que descartaba la viabilidad de las promesas realizadas. Pese a las solicitudes realizadas por las víctimas para obtener un detalle de los recursos recaudados y la restitución de los montos aportados, el imputado no habría entregado información ni devuelto los dineros, los que, según la fiscalía ascienden al menos a $145 millones.
En la audiencia, el fiscal Juan Zepeda detalló además las diligencias desarrolladas junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, las que permitieron establecer la dinámica de los hechos y la participación de los imputados. El tribunal decretó como medidas cautelares el arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de 120 días.
La querella criminal es patrocinada por el diputado por Tarapacá Matías Ramírez, quien destacó la formalización del imputado como un avance relevante dentro del proceso judicial. “Como diputado por la Región de Tarapacá junto a las familias afectadas por la estafa de Franco Rossi, denunciamos el año 2023 como organizó un esquema de defraudación que le permitió obtener más de 150 millones de pesos, de más de 120 familias que fueron engañadas. Hoy se dio un hito importante y fue formalizado por el delito de estafa reiteradas por parte del Ministerio Público. Esperamos y hemos conversado con las familias que vamos a seguir colaborando, acompañándolos en este proceso judicial hasta que haya justicia por todas las familias estafadas”, señaló el parlamentario.
Matías Ramírez, diputado por Tarapacá.
Previamente, el diputado ya había calificado la situación como un caso en el que el imputado “se aprovechó de su posición política” y “engañó a quienes buscaban el sueño de la casa propia” poniendo enfasis en el impacto social del presunto fraude en una región con alta demanda por soluciones habitacionales. La investigación continúa en desarrollo y no se descarta que puedan surgir nuevos antecedentes o eventuales víctimas a medida que avance el proceso judicial.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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