En una semana decisiva para el norte grande, el directorio de Zofri aprobó la renovación de su contrato de concesión hasta el año 2050, una maniobra que la administración califica de "histórica" pero que ha desatado una fuerte disputa con los usuarios y gremios regionales, quienes ven en la operación una medida apresurada y carente de consulta.
Tanto el presidente de la mesa directiva, Iván Berríos, como el gerente general de la firma, Felipe Albistur, defienden la urgencia de cerrar el acuerdo ahora para dar "certezas" a largo plazo y activar un plan de inversiones de $115.000 millones, unos US$ 133 millones.
El giro: de inmobiliaria a plataforma logística
En entrevista exclusiva con DF Regiones, la plana mayor de Zofri salió al paso de las críticas. Iván Berríos descartó que la renovación responda a incentivos corporativos o presiones políticas de última hora, argumentando que el proceso data de 2018 y busca alinear a la zona franca con la estrategia del corredor bioceánico que unirá Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.
"Lo que buscamos ahora es la unidireccionalidad para reducir los costos de flete", explicó Berríos, destacando que Zofri debe dejar de ser vista solo como un shopping o una inmobiliaria para convertirse en una "plataforma de servicios".
El punto central de la defensa corporativa es el plan de inversión. Felipe Albistur aseguró que la cifra de $115 mil millones corresponde a "100% nueva inversión" (Capex de expansión) y no a mantenimiento, destinada a infraestructura habilitante que reduzca los costos operacionales de los usuarios. "Nunca en la historia de Zona Franca se había hecho un plan de inversiones tan ambicioso", enfatizó Berríos.
Más allá de la logística, la administración defiende el peso social de la concesión. Iván Berríos destacó que el sistema franco es el principal empleador de la macrozona, generando más de 45 mil puestos de trabajo directos e indirectos, enfatizando que se trata de familias que "viven y reactivan la economía regional".
En cuanto al aporte fiscal, la compañía entrega el 15% de sus ingresos brutos a los municipios donde opera. Sin embargo, este punto también genera fricción: los gremios denuncian que estos recursos, estimados en unos $200 mil millones históricos, se "diluyen" en las arcas municipales sin que existan cuentas claras sobre su destino o reinversión en el entorno de la Zona Franca.
Pese a los números azules que exhibe la administración -con ventas récord de más de US$ 4,6 mil millones en 2025-, la desconfianza en la base de usuarios es profunda. Documentos internos de los gremios revelan una sensación de exclusión. Jaime Olivares, representante gremial, calificó la situación como una "pérdida de confianza total" producto de 35 años de un modelo centrado en el negocio inmobiliario, donde las ganancias no se traducen en inversiones regionales.
Los usuarios argumentan que la renovación se decidió sin participación real. "Increíblemente ¡todos se oponen al nuevo contrato! ¡Sin haberlo leído!", reclaman los escritos de los usuarios, criticando que la palabra "renovación" implica "más de lo mismo" bajo una administración que ha tenido 28 gerentes generales en 35 años.
La tensión también escala en Arica. La Asociación de Industriales de Arica (Asinda) llamó abiertamente a no aprobar el contrato, advirtiendo una "falta de transparencia que debilita la confianza pública". El gremio exige un "Capítulo Arica" vinculante que asegure inversiones concretas para la región de Arica y Parinacota, evitando que las decisiones se sigan tomando de forma centralizada.
El punto de mayor fricción es si hubo o no consulta. Mientras los usuarios denuncian que las decisiones se toman "sin consulta generando desconfianza" , la administración de Zofri es tajante: "Eso no es así".
Felipe Albistur asegura que las asociaciones de usuarios, incluyendo las colonias china, paquistaní e hindú (que según la administración son "pro-renovación"), participaron activamente en los "Diálogos Zona Franca 2025" organizados por el Laboratorio de Gobierno. "Estuvieron presentes con sus gerentes generales y presidentes", afirmó Albistur, desmintiendo que el proceso se haya gestado en Santiago.
Sin embargo, el propio informe de dichos diálogos, emanado del Ministerio de Hacienda, da la razón parcialmente a los críticos. El documento oficial reconoce como un "hallazgo" que el modelo de negocio está "desactualizado y desconectado del ecosistema regional" y valida la percepción de arbitrariedad en la fijación de tarifas de arriendo.
El contrato de renovación no es automático; está condicionado a que la Junta Extraordinaria de Accionistas apruebe el plan de inversiones. Berríos adelantó a DF Regiones que el texto del contrato se hará público conforme a la normativa de Sociedades Anónimas, pero descartó una auditoría forense externa solicitada por algunos gremios, argumentando que los aportes históricos están rendidos.
La apuesta de la administración es alta: prometen una Zofri moderna y competitiva, capaz de enfrentar a puertos como Chancay en Perú. Pero para lograrlo, deberán convencer a una base de usuarios que exige un cambio radical en el modelo de gobernanza y tarifas justas antes de firmar un cheque en blanco por 30 años más.
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