YPF va a la justicia, mientras el gobierno argentino mira opciones para conseguir el 33% de la firma

Por orden de la presidenta Cristina Fernández y con el reclamo de definiciones que le propinan diversos sectores al interior del kirchnerismo, un equipo de funcionarios trabaja en nuevas alternativas para concretar un desembarco oficial en YPF. Persiguen dos objetivos: cerrar la compra por la vía negociada de al menos un 33% de la petrolera y dotar al Estado de acciones que lo conviertan en la primera minoría, con preeminencia en las decisiones por encima de sus socios.

La iniciativa -que cosecha a su paso incógnitas legales, económicas y comerciales tanto desde la mirada de funcionarios como de empresarios cercanos al gobierno- está sobre el escritorio del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el del secretario de Energía, Daniel Cameron, una figura apartada de la primera línea de decisión durante los últimos años, que recuperó brillo a partir del avance del Estado sobre YPF. Si bien Cameron tiene ideas propias con respecto al futuro de la ex petrolera estatal, tiene afinidad y actúa en tándem con el economista de La Cámpora.

Las ideas centrales del borrador fueron exhibidas a especialistas en temas corporativos y económicos, técnicos de linaje peronista y funcionarios que les merecen confianza. Por caso, circuló verbalmente en el almuerzo del llamado Club del Petróleo que se realizó este martes.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con su texto, implica la declaración de interés público de hasta un 35% de las acciones de la empresa. En principio, un 25% corresponderían a las de Petersen, de la familia Eskenazi. Y cerca de un 10% de Repsol. Si esa alternativa se concreta, sería el éxodo de la compañía a la cual llegó en 2008 con la bendición del ex presidente Néstor Kircher. Su salida, de todas formas, aún no reúne consenso.

Si bien la española conservaría al menos un 50% de la empresa, el Estado contaría con cuatro directores, la acción de oro -le permite ocupar un sillón adicional en el mayor órgano de decisión- y el camino allanado para conducir la empresa.

La alternativa cuenta con otro enigma legal. Por los estatutos de YPF, quien haga una oferta por más de un 14,9% de la empresa deberá extender esa propuesta al 100% de las acciones de la compañía, algo que en principio no está en los planes oficiales.




¿Opción de negociar?


Más allá de los cuadros de tensión entre YPF y el gobierno, en el entorno de la presidenta trabajan en algún tipo de alternativa “negociada”. De esa manera, Argentina no quedaría tan mal parada frente a España, que ya mostró su interés por proteger a Repsol, ni México, que tiene intereses en YPF debido a que es accionista minoritaria de la ibérica.

La única opción para “negociar” es que el Estado pague. Si la propuesta de Kicillof y Cameron triunfa -el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, tiene una alternativa que compite-, promete una dura discusión por los precios. Ambos proponen pagar al valor de libros de YPF, de $ 18.718 millones (unos US$ 4.280 millones). Es poco más de un tercio de los $ 56.440 millones (unos 
US$ 12.906 millones) que la capitalización en bolsa del miércoles.

Fuentes de trato frecuente con el management español explicaron a El Cronista que Repsol está bien predispuesta a desprenderse de una parte de YPF. Pero a esos valores “sería muy difícil justificar la decisión frente a los accionistas”.

El gobierno también debería negociar con los bancos que le dieron crédito a los Eskenazi. Es que las acciones de la familia en YPF están prendadas, y garantizan los préstamos.

Ayer, además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que inciará una investigación sobre el comportamiento de las acciones de YPF, que tuvieron grandes oscilaciones durante el último trimestre, y que pueden remitir a una supuesta manipulación de mercado.

Con esta investigación, la entidad buscará dilucidar si existió “alguna conducta contraria a la transparencia, en el marco de la ley de oferta pública” vigente, indicó la CNV.




Reclamo ante la justicia


En este marco, la petrolera presentó un recurso judicial contra la decisión de la sureña provincia de Chubut de retirarle varias concesiones de hidrocarburos por incumplir inversiones. “Ayer presentamos una medida cautelar”, dijo a Reuters una fuente de YPF sin dar más detalles.

La provincia de Chubut, la mayor productora de crudo de la Argentina, anunció hace dos semanas que le retirará varias concesiones a YPF que representan cerca del 7% de producción total de petróleo de la empresa.

Los distritos de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza y Salta también le quitaron licencias a la compañía, pero las áreas afectadas tienen una producción marginal.

Además, YPF anunció ayer que realizó un importante hallazgo en Mendoza, a partir de dos pozos de shale oil en el sur provincial y otro convencional en la zona central del distrito, que “aportarán en conjunto más de 750 barriles por día”. El descubrimiento de petróleo no convencional se produjo en la Formación Vaca Muerta, una prolongación del yacimiento de Neuquén, y allí la compañía calculó que los dos pozos generarán “un caudal inicial diario de 482 barriles”.