Bolivia avanza en ley para proteger la propiedad privada
La ley que penaliza las tomas ilegales de mineras y campos está en trámite a pesar de la resistencia de las comunidades indígenas.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 28 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
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La toma de las minas y depósitos mineros, granjas, terrenos destinados a la construcción y fábricas debido a disputas salariales, se ha vuelto cada vez más común bajo el gobierno del presidente Evo Morales, quien se ha mostrado renuente a actuar en contra de las comunidades que forman parte de la base sólida de apoyo político al gobernador Movimiento al Socialismo (MAS). Aprovechando la inadecuada vigilancia policial y el disfuncional sistema judicial, tratar de revertir este tipo de hechos puede prolongarse por años. Las invasiones han detenido, frenado o reducido de forma dramática las inversiones en la producción de las minas y granjas que se están viendo afectadas.
A pesar de la necesidad urgente de endurecer las sanciones, la nueva ley contra la invasión a la propiedad privada ha permanecido inactiva en la Asamblea Nacional de Bolivia por seis meses, ya que está siendo resistida por las comunidades indígenas que tienen fuertes vínculos con el gobierno y aliados representantes aliados con el poderoso sector minero informal de Bolivia.
Sin embargo, el gobierno está dando un nuevo impulso a la aprobación de la ley en respuesta a un aún más largo estancamiento por dos años de la aprobación de una nueva ley minera. La legislación antiinvasión es una forma poco sistemática de por lo menos poner fin a las adquisiciones de tierra, incluyendo la invasión de los yacimientos minerales y minas, temas a ser tratados en la ley minera.
Al menos 30 casos de tomas ilegales de minas serán tratados por la legislación con penas de hasta ocho años de cárcel para los infractores. El gobierno se vio obligado a actuar mientras la inversión en el sector minero formal continúa en picada debido a la inseguridad y porque el sector de la minería informal se niega a cooperar con las regulaciones o el pago de impuestos.
La legislación envía un mensaje claro a la comunidad de que la invasión a la propiedad privada no será tolerada y esto es un primer paso positivo. Sin embargo, los inversionistas se mantienen cautelosos hasta que el gobierno actúe en contra de las comunidades que han participado en la toma de posesión de minas.
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