La minería en aguas profundas es una práctica que pone en riesgo la salud de los océanos y de las especies que lo habitan, según lo han advertido científicos y diversas organizaciones ambientales.
Para comprender la magnitud de esta forma de operación minera, se estima que una licencia de explotación por 30 años extrae entre ocho mil y nueve mil kilómetros cuadrados de lecho marino, lo que equivale a unas cincuenta veces la Isla de Pascua.
En 2021, WWF publicó una investigación que reconfirma la magnitud de esta amenaza, planteando que la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas puede tener efectos muy graves sobre la pesca, los medios de vida y la seguridad alimentaria, así como también compromete los ciclos oceánicos de carbono y nutrientes. Solo si consideramos los impactos sobre las pesquerías a nivel mundial, esta práctica amenazaría la principal fuente de proteínas para cerca de mil millones de seres humanos y los medios de vida de alrededor de 200 millones de personas.
El reporte de WWF echa por tierra los argumentos de la industria respecto a la necesidad de extraer minerales necesarios para la descarbonización, tales como cobalto, níquel y litio, por medio de la explotación minera en la profundidad de los océanos. También, reconoce la incapacidad de la industria para mitigar los daños que esta práctica produce, dado que la lentitud de los procesos en aguas profundas hace muy poco probable que los hábitats destruidos se recuperen durante escalas de tiempo humanas. A ello se agrega que los ecosistemas marinos están conectados y una gran cantidad de especies son migratorias, lo que implica que los efectos negativos de esta minería no ocurren en forma aislada, sino que sus perturbaciones van más allá de las fronteras jurisdiccionales.
En base a estos y otros antecedentes, WWF junto a una serie de organizaciones y líderes políticos y científicos viene solicitando una moratoria global para la minería de fondos marinos, al menos hasta que se cumplan algunas condiciones básicas: contar con datos robustos respecto a sus riesgos ambientales, sociales y económicos; que ya se hayan agotado todas las alternativas para la extracción de minerales; que esté claramente demostrado que esta práctica minera se pueda gestionar de forma que garantice la protección efectiva del ambiente marino y evite la pérdida de biodiversidad.
Este llamado a frenar la minería de fondos marinos acaba de sumar un nuevo aliado: el Gobierno de Chile, quien presentó una solicitud de moratoria de 15 años ante la ONU, con el objetivo de que se pueda obtener mayor evidencia científica que permita garantizar la protección de los ecosistemas marinos.
Como WWF felicitamos al gobierno chileno por esta acción, que esperamos sea acogida y contribuya a detener esta grave amenaza global.
Detener esta práctica es una necesidad urgente, ya que los daños que provoca pueden ser irreparables y los beneficios de ecosistemas oceánicos saludables superan ampliamente cualquier incentivo de corto plazo que pueda ofrecer la minería de fondos marinos.
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