Luego de que la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados despachara el proyecto del ley del Ejecutivo para regular los sistemas de inteligencia artificial (IA), este martes fue el turno de la Comisión de Hacienda para revisar y votar el informe financiero del mensaje presidencial, que sólo contenía un único artículo.
En esta instancia, el último paso antes de ser votado en la Sala, la Comisión rechazó el artículo que proponía la creación de un nuevo cargo, un jefe de departamento en la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), lo que implicaría $ 55,2 millones anuales de gasto fiscal.
El informe no alcanzó el quórum necesario y los diputados que votaron en contra argumentaron que este artículo "vulneraría la Constitución", que se habría incluido “casi como contrabando” y que el informe estaría incompleto, porque no incluyó otros gastos como los sandbox (espacios controlados de prueba).
En el detalle, obtuvo cinco votos a favor de los diputados Cuello (PC), Saez (FA), Naranjo (PS), Rojas (FA) y Barrera (PC); cinco en contra de los parlamentarios Von Mühlenbrock (UDI), Labra (independiente), Romero (Republicano), Donoso (UDI) y Mellado (RN); además de dos abstenciones de los diputados Bianchi (indpendiente) y Cifuentes (DC).
La creación de este nueva figura no habría convencido a los diputados pese a los argumentos esbozados por la ministra de CTCI, Aisén Etcheverry, y algunos parlamentarios del oficialismo.
La ministra explicó que el proyecto de ley crea un consejo asesor ministerial, con una gobernanza que tendría que ser gestionada por una secretaría ejecutiva desde el Ministerio de CTCI.
“Y aquí llegamos al gasto fiscal, que son $ 55,2 millones que apuntan a la creación de una unidad dentro del Ministerio de Ciencia, un jefe de departamento dentro de la división de Tecnologías Emergentes, que es el espacio dentro de la institucionalidad a cargo de hacer de Secretaría Ejecutiva de esta gobernanza”, dijo.
Sin embargo, los diputados estuvieron en desacuerdo. Por ejemplo, la diputada Labra calificó el informe como “insuficiente” e “inconsistente” respecto de lo que fue aprobado en la Comisión de Futuro.
Señaló que el informe financiero no calcula el costo de los sandbox, que en la Unión Europea bordean US $1.000 millones anuales, ni los recursos adicionales que requerirá la nueva Agencia de Protección de Datos para fiscalizar y sancionar sistemas de IA. Reprochó que el único gasto declarado sea el sueldo de un jefe de departamento “que nunca se aprobó” en la comisión técnica y pidió un nuevo informe financiero “responsable”.
En tanto, el diputado Donoso reclamó que el informe cifra el gasto solo en la remuneración del cargo, “pero el jefe de departamento no tiene silla, computador ni conexión a Internet”. Criticó la ausencia de funcionarios de Hacienda para justificar las cifras, advirtió que lo presentado “no tiene consistencia legislativa” y que incluso vulneraría el artículo 38 de la Constitución.
Otra de las intervenciones vino del diputado Bianchi, quien se abstuvo porque el cargo “nunca se discutió en la Comisión de Ciencia” y le pareció que llegó “casi de contrabando” a la de Hacienda y pidió aclarar la creación del puesto antes de aprobar recursos.
Tras la votación, se designó al diputado Donoso será el informante del proyecto de ley cuando sea sometido a votación en la Sala de la corporación, instancia que se especulaba que podría ser el lunes de la próxima semana. Sin embargo, en la mañana de este miércoles el Gobierno, mediante un oficio a la Cámara baja, retiró la urgencia para el despacho del proyecto de ley.
Proyecto suma detractores
También el martes, un grupo de gremios emitió una declaración pública manifestando su preocupación como sector tecnológico y económico al proyecto de ley.
Se trata de la ACTI (Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información), Cámara de Comercio de Santiago, Cámara Nacional de Comercio (CNC), Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Asociación Fintech de Chile (FinteChile), Asociación de Legaltech de Chile y Chile Data Centers, quienes criticaron la rigidez normativa de la propuesta, los obstáculos al desarrollo de modelos de IA, los posibles riesgos para el desarrollo tecnológico nacional, la sobrerregulación, el desalineamiento internacional y un potencial impacto negativo en la competitividad regional.
“Si bien valoramos el esfuerzo por establecer un marco normativo que resguarde los derechos fundamentales de las personas, advertimos que la propuesta legislativa, en su forma actual, impone restricciones desproporcionadas que amenazan con frenar el desarrollo tecnológico, la inversión y la competitividad nacional, en directo perjuicio de las personas”, dice la declaración.
Las organizaciones hicieron un llamado a abrir un diálogo técnico y amplio con el ecosistema digital para construir una regulación equilibrada para proteger a las personas sin frenar la innovación.
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