“Me pregunto por qué las cuotas del FIP Tactical Sport -cuyo activo era la participación en Azul Azul- y que era, por ende, el activo principal de Asesorías e Inversiones Sartor, fueron vendidas entre gallos y medianoche. No tiene lógica comercial. Es mejor aguantar con todos tus activos un proceso de reorganización si estás en esta situación, que hacerla desaparecer rápidamente de la forma en que lo hicieron, al menos siguiendo una lógica comercial”. Esta frase fue pronunciada el 22 de abril pasado por Andrés Segú Undurraga, y la dijo frente a personeros de la Bridec y del Ministerio Público (MP), la Fiscalía de Alta Complejidad.
Segú fue director de Azul Azul hasta el 30 de diciembre de 2024 y hoy se ha transformado en uno de los actores clave para la Fiscalía en el marco del turbulento caso Sartor, por el cual el persecutor indaga un esquema mediante el cual recursos provenientes de terceros, administrados por la entidad, habrían sido destinados a financiar sociedades vinculadas a sus controladores o personas relacionadas.
El caso ha desatado infinidad de acciones legales -civiles y penales-, y la sanción de la CMF, que revocó la existencia de una de las unidades del grupo, la AGF de Sartor. Y es en medio de esta debacle del grupo Sartor, que la fiscalía tiene en la mira el control de Azul Azul, en una indagatoria que tiene también muy expectante a inversionistas perjudicados y a la misma Universidad de Chile. Los primeros porque ven en un paquete de acciones de la concesionaria futbolera su tabla de salvación para resarcir al menos parte de los daños que dicen haber sufrido con Sartor. Y la casa de estudios porque fue quien otorgó en concesión a Azul Azul los derechos de los símbolos y marcas del club deportivo.
Acción revocatoria y la subasta que anhelan
En un resumen corto para entender este alambicado caso, ocurrió lo siguiente: en abril de 2021, Carlos Heller vendió a través de una OPA el 63% de la serie B de las acciones de Azul Azul al Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport. A fines de 2024 los aportantes de este FIP eran dos: Asesorías e Inversiones Sartor, con el 90% de las cuotas, e inversiones Antumalal, con el 10% restante, sociedad vinculada a Michael Clark y su cónyuge Andrea Toro Cunha.
Y ocurrió que, el 13 de diciembre de 2024, ya con la crisis desatada en el grupo Sartor -la CMF ya había suspendido los aportes a los fondos administrados por la AGF del grupo, en noviembre-, se verificó la compra por parte de la sociedad de Clark, Inversiones Antumalal, del 90% de las cuotas del fondo, produciendo en la práctica, a ojos del persecutor penal, un cambio de controlador en Azul Azul, sin haber efectuado una OPA. Hecho que además se conoció públicamente, a través de un comunicado emitido por la propia Azul Azul, que en su afán de informar que las cuotas del fondo Tactical no tenían relación con la malograda AGF de Sartor, informó que sus cuotas pertenecían íntegramente a Inversiones Antumalal (de Clark).
De allí que una de las aristas en la indagatoria que lidera el fiscal Juan Pablo Araya es la situación de control de Azul Azul que, a su entender, se mantiene en una situación anómala. “Efectivamente hasta el día de hoy la sociedad Azul Azul tiene su control obtenido de una forma que para nosotros es ilícita y que en el transcurso del tiempo se mantiene (…) Serían dineros provenientes de ahí (de los fondos públicos de Sartor) los que permitieron la adquisición de esta participación en Tactical Sport”, especificó el fiscal hace 10 días, a la salida de una audiencia en la Corte Suprema en una de las tantas aristas vinculadas al caso.
Moros y cristianos miran las acciones que Tactical Sport mantiene en Azul Azul -el 63% de la propiedad- como uno de los mayores activos concretos, líquidos, constantes y sonantes, en el que tienen cifradas las esperanzas de intentar cobrar acreencias. “Las acciones de Azul Azul son bien valiosas y donde todo el mundo quiere tirar una garra a ver si se logra algún pago de todo lo que quedó debiendo la gente de Sartor”, dice un abogado representante de acreedores, quien explica la estrategia.
En el marco del proceso de liquidación que entabló la corredora de bolsa de BCI en contra de Asesorías e Inversiones Sartor, que se sigue en un tribunal civil, las “operaciones sospechosas” hechas en defraudación de acreedores a inicios o en etapas previas a este procedimiento, podrían ser declaradas nulas, mediante una acción “revocatoria”. O sea, si el tribunal civil determina la liquidación de Asesorías e Inversiones Sartor, luego debería declarar la revocatoria de aquella enajenación que hizo del 90% de las cuotas del fondo a Antumalal y, por tanto, que éstas “regresen” al patrimonio de Asesorías e Inversiones Sartor, pero ya no administrada al alero de Sartor, sino por el liquidador Eduardo Godoy, tal como los fondos públicos de la AGF de Sartor fueron reasignados a Toesca. El fin último de todo esto es que esa nueva autoridad liquide el fondo Tactical Sport vendiendo las acciones de Azul Azul en subasta pública en Bolsa, y se pague a aportantes y, a su vez, a los acreedores de éstos, considerando que las personas relacionadas a Sartor serían las últimas en pagarse, según la prelación que sigue una liquidación.
Como se trata de un paquete de control de Azul Azul (el 63% de la propiedad), hay acreedores que auguran que debiera concitar interés y premio por control, lo que se reflejaría en el precio. Y aunque el valor dista de los montos que la propia Fiscalía ha cifrado como daños globales de todo el caso Sartor -entre US$ 100 millones y US$ 200 millones en total a aportantes-, de todos modos no deja de ser una cifra relevante, si se considera que, al valor actual en bolsa de la acción de Azul Azul, aquel 63% debería rondar los US$ 15,9 millones. “Esta plata va a estar disputada por mucha gente”, anticipa un protagonista del caso, considerando que, en el marco de otro juicio civil, ya están embargadas una parte de las acciones del fondo.
Las “normas” y “valores” de la Universidad de Chile
Por supuesto aquella valorización depende de un factor crítico: que Azul Azul siga siendo la concesionaria del club deportivo de la Universidad de Chile, lo que no está garantizado. Que Azul Azul esté en la palestra a raíz de una de las aristas del caso Sartor, ya hizo saltar alarmas en la casa de estudios, y analizan si es que hay un eventual incumplimiento al contrato.
El documento que dio origen a ese acuerdo fue firmado el 8 de junio de 2007 y un año después, el 18 de agosto de 2008, firmaron el convenio de autorización de símbolos distintivos, por el entonces rector de la universidad, Víctor Pérez, y por Federico Valdés como presidente del directorio de Azul Azul. Y en él se explicitan los términos por los cuales la universidad le otorga a Azul Azul la autorización exclusiva para usar el nombre, símbolos y marcas registradas, mencionándose que la concesionaria podrá crear logos o símbolos con la palabra “U”, “Búho” o “Chuncho”, entregándole la licencia de registros marcarios. Y en virtud de este derecho a hacer uso y goce de estos signos distintivos, símbolos y marcas, Azul Azul se obligó a entregar acciones preferentes a la universidad que le permiten a ésta nombrar a dos directores en la concesionaria y también a entregarle a partir de 2012 en adelante el 1,05% de los ingresos brutos totales o, alternativamente, el 4% de las utilidades netas, “según cual fuere el de mayor valor”.
El acuerdo está vigente hasta el 20 de junio de 2052. Pero hay un punto central en el documento que es uno de los que hoy está en la palestra: que el acuerdo se sujete a las “normas” y “valores” de la Universidad de Chile, por lo que esta casa de estudios ya tomó cartas en el asunto y mandató al abogado Andrés Jana a hacer un análisis jurídico, cuya entrega a las autoridades de la universidad si bien no tiene fecha específica, será evacuada en corto plazo, dicen entendidos, coincidiendo con un cambio en la rectoría, liderada desde el 19 de junio por Alejandra Mizala, también víctima de fondos Sartor, por lo que se inhabilitó de conocer el caso.
La jugada de Romántico Viajero
La sola posibilidad de la pérdida de concesión -con todas las consecuencias sobre inversionistas y sobre todo la hinchada futbolera- activó las alarmas en Azul Azul, presidida por Cecilia Pérez, quien llegó al cargo con misiones específicas. Lo primero, reunirse a la brevedad con las autoridades de la Universidad de Chile. “Como dirigencia sabemos lo que significa la U para los hinchas, la universidad y el país. Es de nuestro primer interés reunirnos con la rectora Mizala y tener una conversación honesta enfocada por cierto en el interés superior del club. Es por ello que ya hemos solicitado una reunión a través de la Plataforma de Lobby”, dijo por escrito a DF MAS Cecilia Pérez. “Nos parece legítimo que la universidad quiera revisar el convenio con el club, considerando los años transcurridos desde su entrada en vigencia. Tenemos plena disposición. Creemos que es bueno revisar nuestros espacios de colaboración”, añadió.
La presidenta aludió así a algo que creen al interior de Azul Azul: que la universidad podría querer aprovechar esta instancia para modificar el convenio y obtener mejores condiciones, como incorporar más directores nombrados por ellos, o subir el canon de pago.
Estos conocedores de la interna de Azul Azul creen, en cambio, de baja probabilidad que la casa de estudios pueda terminar la concesión. Entre otras razones, por una fundamentación legal: el contrato es con Azul Azul y no con los dueños o accionistas de la concesionaria, lo que jurídicamente desarma -según creen al interior de Azul Azul- cualquier posibilidad de que esté en riesgo el contrato. “El error consiste en confundir a Azul Azul con quiénes son sus dueños”, dice un entendido.
Otro anhelo de Pérez es separar aguas entre Michael Clark y Azul Azul, pese a que ella misma ha reconocido una relación cercana y de amistad con el expresidente de la sociedad.
La gestión de Pérez en Azul Azul en estas horas álgidas está secundada por José Ramón Correa Díaz, vicepresidente de Azul Azul y accionista de la concesionaria. Abogado, ex militante UDI, ex jefe de gabinete de Ramiro Mendoza cuando éste lideraba la Contraloría General de la República y sindicado como de redes muy transversales, Correa adquirió en enero pasado el paquete de acciones que la familia Schapira tenía en Azul Azul, transformándose en accionista, con el 21,4% de la concesionaria. Lo hizo a través de su sociedad Romántico Viajero -nombre que alude al himno de la “U”- la que también fue objeto de medidas intrusivas por parte de la fiscalía.
Correa ha dicho a sus cercanos que está tranquilo y que no tiene en mente renunciar a Azul Azul, como sí lo hizo Michael Clark. Se siente totalmente ajeno al caso, y lo espera demostrar cuando le corresponda acudir a declarar, diligencia que, al cierre de esta edición, no había ocurrido.
Personas del entorno de Correa dicen que, de partida, gracias al recurso de amparo -con el que cuestionó la incautación de que fue objeto su sociedad, sin éxito- ya obtuvo un logro: que la fiscalía explicitara que él no tenía nada que ver con el caso Sartor. Y sobre las supuestas vinculaciones por la situación de cambio de control en Azul Azul que reprocha el ente persecutor -era director, habría accedido a un mismo tipo de financiamiento y la fiscalía presume una actuación conjunta-, su arma de defensa es que él no tiene ninguna vinculación con aquel hecho.
Su sociedad Romántico Viajero, a través de la cual compró las acciones en Azul Azul, fue creada en noviembre de 2025, un año después de aquella operación cuestionada de Clark, de diciembre de 2024. Y compró a través de un remate público en bolsa, en enero de 2026. “Qué tiene que ver su sociedad con una compra de un año antes. No ha habido pacto de actuación conjunta”, manifiestan en su entorno, en abierta contraposición a la presunción de la fiscalía, señalando además que -pese a la visión del persecutor- hay un enfoque que apunta a que en aquella operación de 2024 no era necesaria una OPA, porque se trataba de la compraventa de “cuotas” de un fondo de inversión y no de acciones.
Estos cercanos a Correa señalan además que la presunta acción como “escudero” de Clark que le atribuyó Andrés Segú en su declaración, está referida a las actuaciones en instancias futbolísticas: la ANFP y la Conmebol. Detallan que, si bien Correa y Clark son amigos, no son amistades cercanas. “Correa no conoce la casa de Clark. Se relacionan en el ámbito del fútbol, pero no en los negocios o el día a día o familiarmente”, apunta un cercano a Correa, quien señala que la relación con Clark se estrechó cuando ambos hicieron frente a los incidentes ocurridos en Argentina, por los enfrentamientos entre hinchas de la U e Independiente, en Avellaneda, en el marco de la Copa Sudamericana.
¿“Años” en un camino arbitral?
En medio de este panorama, si la Universidad de Chile decidiera avanzar en el término de la concesión de manera anticipada, sería un camino de largo aliento, advierten expertos legales. “Toda diferencia o dificultad entre las partes relativa a este convenio será sometida a un árbitro de derecho designado por las partes de común acuerdo. Si no se llegare a acuerdo dentro de los 30 días siguientes desde que se planteare por escrito la controversia, el árbitro de derecho será designado por el tribunal ordinario competente”, dice una de las cláusulas finales del convenio de 2008. O sea, tendrían que notificar a Azul Azul e iniciar un camino arbitral. “Podríamos estar años en esto”, dice un entendido de Azul Azul.
Lo propio ocurre también con el camino jurídico de acreedores de Sartor en su afán por llegar a un eventual remate del mentado paquete accionario de Azul Azul. De partida, la liquidación pedida por la corredora BCI está disputada, porque Asesoría e Inversiones Sartor activó el 4 de junio pasado una Reorganización Judicial en otro tribunal, en un conflicto que aún no se resuelve.
DF MAS envió este martes consultas por escrito a la Universidad de Chile, pero éstas no habían sido respondidas al cierre de esta edición.
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Azucena González
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