El polémico video de la reforma tributaria que elaboró el Gobierno no incurre en ninguna irregularidad. Así lo estimó la Contraloría General de la República que hoy emitió el informe final sobre la campaña que elaboró la Secretaría General de Gobierno y que generó agudas críticas por parte de la oposición.
Para la Contraloría "es admisible" el empleo de videos u otros materiales audiovisuales para dar a conocer dichas modificaciones utilizando la página web de esa Secretaría de Estado o las diversas plataformas disponibles en internet.
"En virtud de lo expresado, el ministerio en referencia posee atribuciones para difundir información sobre la reforma tributaria en comento y ha podido hacerlo a través de un sitio electrónico, como asimismo empleando el soporte audiovisual que en esta oportunidad utilizó", dijo Contraloría.
Aunque legal, la entidad dirigida hasta el viernes pasado por Ramiro Mendoza cuestionó el lenguaje de dicho video titulado "La Reforma Tributaria no la paga la clase media".
"Campaña de difusión de la reforma tributaria se ajusta a las normas orgánicas y financieras aplicables a la materia, sin perjuicio de que el uso de determinados mensajes no se aviene cabalmente con el ordenamiento jurídico", consignó Contraloría.
El texto firmado por Ramiro Mendoza, considera que, por el bien del mensaje y del debate público, "sea pertinente el uso de otras expresiones menos incisivas"
"Lo anterior no obsta a que la CGR pueda considerar recomendar al MNSGG (Ministerio Secretaría General de Gobierno )usar recursos lingüísticos moderados, en atención a que con otras palabras, igualmente, la información puede ser entregada y comprendida en un lenguaje cotidiano", dijo en el informe evacuado hoy.
Hay que recordar que el polémico video motivó a los diputados Nicolás Monckeberg Díaz, Claudia Nogueira Fernández y Pedro Browne Urrejola a presentar un recurso en la Contraloría al considerar mal uso de recursos públicos.
A juicio de los recurrentes, lo anterior contravendría el principio de probidad administrativa, por importar el uso de personal y recursos públicos para fines ajenos a los institucionales.
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