El Ministerio de Hacienda, en particular la Dirección de Presupuestos (Dipres), ha estado en el tapete en el último mes: la denuncia de más de US$ 5.500 millones en gastos sin financiamiento heredados de la administración anterior llevó al actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a enfrentarse con sus antecesores Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre.
Esta controversia puso en el tapete las restricciones en el uso de los recursos públicos y la búsqueda de los mejores mecanismos para controlar el gasto por sobre lo proyectado, especialmente en el área Salud.
En esta línea, la Contraloría General de la República emitió a fines de abril un dictamen clave en la materia, al dar la razón a la Dipres en su negativa a autorizar un incremento de dotación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a las “presiones de gasto” que aquello implicaría.
En concreto, durante el año pasado Presupuestos denegó la designación a contrata de 25 funcionarios en la Cancillería, argumentando que “movimientos en el personal generan presiones de gasto permanentes en el costo de la dotación autorizada, situación que es incompatible con los esfuerzos de contención del gasto público liderados por este ministerio y con los compromisos de responsabilidad fiscal contenidos en el programa de gobierno”.
La Asociación de Profesionales del Minrel consultó al órgano de control respecto a la legalidad de la medida, respuesta que fue remitida el 19 de abril: enfático, el contralor Jorge Bermúdez señaló que “no se advierte irregularidad en negativa de la Dipres a otorgar autorización previa para la contratación del personal de planta en el servicio que indica”.
En su argumentación, recalcó que el artículo cinco de la Ley de Presupuestos 2017 estableció limitaciones a dichas contrataciones sin la autorización previa de Dipres, con la idea de “establecer un mecanismo de control adecuado para evitar aumento en la dotación de los servicios públicos, sin respaldo presupuestario permanente”.
Contraloría enfatizó que dicho artículo “difiere de ejercicios presupuestarios anteriores”, en los que se ha suspendido “expresamente” la compatibilidad de empleos o “no se ha contemplado requerimiento alguno”.
“Es posible inferir que para efectos de otorgar la autorización que previó el artículo 5° de la Ley de Presupuestos del 2017, la Dipres en el ejercicio de sus funciones debe verificar no solo la disponibilidad presupuestaria del servicio de que se trate, sino también que la proyección de gastos futuros que generará la medida en cuestión sea compatible con la referida planificación financiera de mediano plazo”, dice Bermúdez en el dictamen.
La Dirección de Presupuestos, según el análisis de Contraloría, logró determinar que el gasto en esta materia “constituye un costo mayor que se extiende en el tiempo, afectando los presupuestos futuros”.
Sesión especial
En paralelo, durante la jornada de ayer la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó realizar el miércoles de la próxima semana una sesión especial para abordar el polémico Informe de Recursos Humanos al primer trimestre realizado por la Dipres.
En dicho análisis, se evidenció que entre septiembre del año pasado y marzo de este año -período coincidente con la recta final del gobierno anterior- 14 mil funcionarios fueron incorporados al aparato estatal en condición de contrata.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) acusó errores metodológicos en el reporte.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez.
Órgano reconsidera dictamen que limitó ley de incentivo al retiro
En 2016 el gobierno anterior publicó una ley de incentivo al retiro para funcionarios del sector público, el que permitirá la jubilación para quienes se ajusten a una serie de condiciones, como que entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024 hayan cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres, o 65 años en caso de los hombres, además de otras exigencias.
Uno de los requisitos que estableció la ley fue que el funcionario renunciara de manera voluntaria o fuera removido de su cargo por la causal prevista en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo: ser desvinculado por necesidades de la empresa, productividad, racionalización o modernización.
Un dictamente de la Contraloría General de la República de 2016 limitó la aplicación de la normativa, al señalar que solo quienes cumplan con la segunda característica podrán postular. La Dirección de Presupuestos (Dipres) pidió reconsiderar dicho pronunciamiento, el cual el 15 de mayo pasado fue acogido por el órgano de control.
El servicio dependiente de Hacienda señaló que la Contraloría en su dictamen de 2016 "desconoce" que la naturaleza de los beneficios de la ley de incentivo al retiro es "eminentemente voluntaria", por lo que solicita reconsiderar la causa de renuncia voluntaria como condición para postular a la bonificación. En el dictamen, Contraloría restituyó dicha condición, pero enfatizó que quienes renuncien de manera voluntaria no tendrán derecho a indemnización por años de servicio, al alero del artículo 163 del Código del Trabajo.
En 2018 estarán disponibles 3.300 cupos de retiro, mientras que el próximo año no habrá un tope de plazas anuales.
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