No es la primera, pero es una de las opciones que analiza el Ejecutivo, luego del fallo del Tribunal Constitucional: suspender la tramitación de la reforma laboral. El diagnóstico en el Ministerio del Trabajo es que la resolución del TC “deja pocas o nulas opciones” para que el sindicato tenga un rol preferente en la negociación colectiva, como lo recomienda la OIT.
Así, sin titularidad sindical, sin extensión de beneficios por afiliación al sindicato, eventualmente sin pactos de adaptabilidad y con un derecho a huelga “relativo” (debido a la norma de adecuaciones necesarias), “no tendría sentido” perseverar en un proyecto que el mundo sindical considera insuficiente e, incluso, un retroceso; y que a los empresarios tampoco les agrada.
Suspender la tramitación de la reforma laboral es un camino plausible, tanto para el gobierno como para legisladores de la Nueva Mayoría. Así lo reiteraron diputados y senadores oficialistas, a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y al titular de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, ayer en el Congreso.
Fuentes de gobierno concuerdan en que Rincón consideraría que “dejar el proyecto hasta acá” no es una mala opción.
“La reforma ya era pequeña, ahora es diminuta. Lo que debió hacer el gobierno luego de conocer el fallo del TC, es no haber persistido”, sostuvo un parlamentario de la DC, en sintonía con lo que piensa un sector importante del oficialismo.
Un antecedente que alimenta esta posibilidad es el proyecto que buscaba eliminar las vacunas con timerosal, que luego de cuatro años de tramitación legislativa quedó suspendido cuando el gobierno de Sebastián Piñera presentó un veto presidencial.
Que ocurra algo similar con la reforma laboral es bien visto por el mundo sindical. El experto laboral de Prosindical, Juan Vergara, aseguró que el proyecto “es demasiado regresivo” y que el mejor camino es “quedarse con la legislación vigente y reabrir el debate cuando existan condiciones para avanzar en el reconocimiento de los derechos colectivos de los trabajadores”.
En la misma línea, el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, señaló que si los trabajadores “van a retroceder” con el proyecto, lo mejor es no insistir en su aprobación.
Las otras opciones
Uno de los efectos indeseados del fallo del TC es que dejó en la absoluta desregulación a los grupos negociadores, al eliminar el artículo 315 sobre negociación semi-reglada. Esto significa, según fuentes de gobierno, que “dos o tres trabajadores” pueden conformar un grupo y negociar con su empleador, “con derecho a huelga, fuero, pactos de adaptabilidad y extensión de beneficios, tal y como lo haría un sindicato”.
Esta realidad, a juicio de la presidenta de la DC, Carolina Goic, “genera inestabilidad en las empresas”.
La senadora reiteró que un grupo negociador “no puede estar a la misma altura que un sindicato”, por lo que pidió, a la oposición, “apertura” para revisar la reforma.
La respuesta la entregó el presidente de la UDI, Hernán Larraín. “Nos están sondeando (en Trabajo y Hacienda) para ver si hay voluntad para mantener los pactos de adaptabilidad con titularidad sindical. No hay posibilidades”, expresó el senador.
En la derecha reconocen que el fallo del Tribunal Constitucional desregula los requisitos y procedimientos de los grupos negociadores, pero señalan que mediante un proyecto de ley -que por sí solos no pueden aprobar- para nivelar los quórum de constitución y negociación a los que tiene los sindicatos, se puede corregir la situación.
En este elemento confían en el gobierno para salir del laberinto en el que se encuentra la reforma laboral: una negociación política. No sólo para los pactos, sino para lograr “mínimos” grados de titularidad para los sindicatos, siempre y cuando la redacción de dichos artículos no transgreda el fallo del TC.
Junto con la ley corta -acompañada de la negociación política- y la suspensión de la reforma laboral, la reforma constitucional al inciso quinto del artículo 19 N°16 es otra de las opciones que baraja el gobierno, aunque con menos posibilidades, debido a los 2/3 del Congreso que necesita para su aprobación. La lectura en Trabajo es que conseguir dos votos de la oposición en el Senado es simplemente “imposible”.
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