Por C. Betancourt y C.A. Sánchez
Una nueva ley de orden público que reemplazará al actual proyecto legislativo, más conocido como “Ley Hinzpeter”, presentará La Moneda al Congreso durante marzo.
Esta propuesta busca introducir normas más actualizadas en materia de alteraciones y desórdenes y cuando existan situaciones en que se pone en riesgo la seguridad de las personas. Pero sobre todo, que cuente con los consensos necesarios para su aprobación.
El trasfondo político de esta nueva norma, según explica una alta fuente de gobierno, es aislar a los violentistas con miras a afrontar con mayores instrumentos legales las manifestaciones sociales que se avecinan.
Lo que se pretende es que finalmente el gobierno de Piñera pueda sacar adelante una ley de Orden y Seguridad -la Ley Hinzpeter está entrampada hace tiempo en el Congreso por falta de apoyo parlamentario- y que cuente con la venia de la oposición, que ha sido una de las principales trabas para avanzar en sanciones más duras a los encapuchados que actúen en el contexto de manifestaciones públicas en cualquier punto del país.
Con este fin, el diputado y presidente de la comisión de Constitución, Cristián Monckeberg (RN), se reunió ayer con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien lo “mandató” a coordinar el trabajo con los parlamentarios oficialistas y de oposición para buscar consenso. Para ello, se pondrá suma urgencia al proyecto de Orden Público,qque será visto recién en marzo.
Mientras tanto, durante estas semanas, La Moneda sentará las bases de un acuerdo y conversará con parlamentarios para alcanzar el consenso.
Al respecto, Monckeberg hizo hincapié en algunos aspectos que contendría la iniciativa: ”Que exista una definición de alteración de orden público y que sancione fuertemente cuando se paralicen los servicios públicos y se ponga en riesgo la seguridad de las personas; y también cuando no se privilegie el libre tránsito de las personas o cuando este sea impedido”.
También se eliminan todos los conceptos y sanciones respecto a tomas de establecimientos educacionales, fuente de polémicas en plenas manifestaciones estudiantiles.
Precisa eso sí, que lo que se va a “empujar fuertemente” es un agravante para quienes cometan delitos aprovechándose de una manifestación pública, aumentando la pena en un grado para quienes los perpetran cubriendo su rostro.
También explica que hoy el saqueo está sancionado como robo y hurto, pero con las indicaciones que se ingresarán a la ley, tendrá un agravante y, por lo tanto, el saqueo será incorporado en la figura general.
”Estas leyes, no son aquellas que se sacan con empujones, son leyes que tienen que salir producto de un consenso y deben durar 100 años y hoy se necesita la voluntad de todos”, afirma Monckeberg.
Las claves de la iniciativa
Los ejes del proyecto los aclaró la ministra vocera, Cecilia Pérez, quien afirmó que se espera tipificar como delito de orden público el cometido por personas que mediando a través de la intimidación y la violencia interrumpan, por ejemplo, en los hospitales o el libre tránsito de las personas en calles y carreteras.
Dará una fuerte señal contra los encapuchados y se promueve aumentar en un grado los delitos cometido por aquellos individuos que ocultan su identidad para cometer hechos ilícitos.
También agrega como falta penal los actos indebidos que ocultando su identidad se niegan a darla a conocer cuando se hace un control policial. Y, por último, apunta a fortalecer la autoridad de Carabineros. “Hoy día estamos agregando como falta penal aquellas personas que falten el respeto a Carabineros en actos de servicio”.
Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a una de las peticiones concretas que surgió durante la mesa de diálogo que sostuvo el lunes en La Araucanía y que dice relación con dar de baja al cabo segundo Walter Martínez, quien fue condenado por el asesinato del estudiante Matías Catrileo.
Al respecto, el jefe de gabinete aseguró que como gobierno les pareció que la institución uniformada debió separar de sus filas al efectivo, realizando una crítica directa al gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Los hechos ocurrieron en enero de 2008 en el fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger, sin embargo, la Contraloría General se pronunció sobre el hecho determinando que éste puede seguir en funciones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
