No hay descanso para el Ministerio de Hacienda, y es que tras destrabar parte importante de la tramitación del Presupuesto 2026, se aproxima una nueva negociación importante: el reajuste salarial de los funcionarios públicos.
Una conversación que ya inició formalmente, al menos desde el lado de los funcionarios, quienes hoy se trasladaron hasta las dependencias de la secretaría de Estado para presentar formalmente su pliego de negociación.
En el documento, los trabajadores fiscales solicitan al Gobierno un reajuste salarial real de 2%, lo que implica que la cifra debe estar por sobre la inflación acumulada en los últimos 12 meses, que de acuerdo al INE llega a 3,4% a octubre.
“Las y los trabajadores públicos se sientan a la mesa de negociación con una petición del 2% real de incremento para sus ingresos, razón más que suficiente para que un gobierno progresista y transformador apruebe, en su último año, una demanda tan sensata”, dice el pliego de negociación.
En el documento, además, los funcionarios piden que ningún trabajador que se desempeñe en el sector público obtenga un ingreso mensual por estamento inferior a $ 591.483 si son auxiliares, $ 658.265 si se trata de administrativos y $ 700.241 si son técnicos.
Como ya es habitual, en el texto las 16 organizaciones que son parte de la negociación también solicitan mejorar los diversos bonos que reciben los trabajadores fiscales, entre ellos las bonificaciones de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, entre otros. Respecto al bono de término de la negociación -también conocido como bono de término de conflicto-, la propuesta presentada al Gobierno plantea una bonificación de $ 300 mil para aquellos funcionarios que ganan igual o menos de $ 987.277 líquidos y otro de $ 200 mil para quienes ganen sobre ese monto.
Más estabilidad
Dar más estabilidad laboral a los funcionarios públicos es otro tema que las organizaciones demandan al Gobierno, un tema que les inquieta a raíz de los lineamientos que ha aplicado sobre el tema la Contralora General de la República y el cambio de gobierno.
De hecho, sobre esta materia, las organizaciones exigen que el Ejecutivo respete el acuerdo de negociación de 2024, en el cual se comprometió la formulación de un anteproyecto de ley “que proponga la creación de una jurisdicción especializada para conocer y resolver los conflictos laborales de los funcionarios públicos”.
Según plantea el pliego, se comprometió el ingreso de un proyecto de ley durante marzo de 2025, el cual abarcaría tanto al Gobierno Central como al sector descentralizado, sin embargo el compromiso no se ha materializado.
Otro tema que piden los funcionarios, es traspasar a una norma permanente los articulados que rigen beneficios permanentes, como por ejemplo: la asignación especial para el personal que desempeñe cargos de planta o empleos a contrata asimilados al estamento de profesionales en el Servicio Médico Legal; el Bono Atacama, la asignación por desempeño en condiciones difíciles al personal asistente de la educación, entre otros más.
“Proponemos sean trasladados, por la vía legislativa o de delegación de facultades (DFL), a normas permanente, resguardando y garantizando la reajustabilidad y cobertura de los mismos, tal como se acordó y realizó en años anteriores”, argumentan los funcionarios.
Avanzar de forma efectiva en las 40 horas al interior del sector público es otro tema demandado por las organizaciones, un tema que han instalado en negociaciones anteriores. “La Mesa del Sector Público requiere al Gobierno ratificar los compromisos suscritos y formalizar una propuesta sobre los formatos de implementación de la reducción de jornada, en función de presentar, al Congreso Nacional, los acuerdos que se alcancen para su aprobación legislativa”, expone el pliego.
Otro tema demandado dice relación con el pago de las horas de trabajo sindical. Sobre este tema, el documento expone que pese a que existen normas que establecen expresamente que el tiempo utilizado en funciones dirigenciales debe entenderse como efectivamente trabajado, es un tema que las Contralorías Regionales no estarían respetando. “Han instruido suspender asignaciones a dirigentes sindicales en uso de permisos, lo que constituye un grave retroceso en la libertad sindical y una práctica discriminatoria hacia quienes ejercen cargos de representación”, acusan.
Tal como se ha planetario en otras conversaciones, el pliego también plantea la necesidad de dar continuidad a la mesa de trabajo en torno al cuidado infantil. En relación a dicho tema, se solicita la ampliación del derecho a sala cuna para todos los funcionarios públicos, “como una forma indispensable de avanzar en corresponsabilidad parental”.
Con respecto al teletrabajo, el pliego pide que el Gobierno presente a la Mesa del Sector Público, para su conocimiento y discusión, los avances en las evaluaciones de los pilotos e iniciativas implementados, para así avanzar en una legislación concreta al respecto.
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