En esta jornada de martes y en su calidad de jurado, la Sala del Senado analizó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, luego que la semana pasada la Cámara Baja aprobara el libelo acusatorio, por amplio margen. Lo acontecido entonces daba cierta confianza entre los diputados acusadores de que el exsecretario de Estado sería, finalmente, encontrado culpable a raíz de la controversia por el alza en las cuentas de la luz. Pero la Cámara Alta decidió otra cosa: salvó al extitular, después de siete horas y media de debate.
Al exministro Pardow se lo acusaba, en primer lugar, de infringir la probidad administrativa, respecto de sus obligaciones de eficiencia y eficacia, con ocasión de la expedición del decreto tarifario que fijó los precios de la electricidad desde enero de 2024. Y, en segundo lugar, se le atribuía el infringir el principio de probidad administrativa al omitir actuaciones que corrigieran sobrecargos en el precio de la electricidad producidos tras una valorización errónea del capital de Transelec. Ello, debido a que por un error metodológico se terminó cobrando a los usuarios de las empresas eléctricas dos veces los ajustes inflacionarios.
El defensor de Pardow, el abogado Francisco Cox, reiteró lo dicho la semana pasada en la Cámara, en cuanto a que los expertos constitucionalistas que participaron en la Comisión Revisora coincidieron en que no había méritos para la aprobación de la acusación, puesto que el exministro no habría infringido la Constitución, su argumento parece haber calado en la mayoría de los senadores.
Argumentos de los senadores
Incluso desde el oficialismo, como el senador socialista José Miguel Inzulsa, coincidieron con algunos senadores de oposición, respecto a que el exministro realizó una “gestión deficiente” a cargo de la cartera de Energía. Y también lo hicieron en que ello no lo hace culpable de haber infringido la Constitución, pues “no se ha probado dolo”. Asimismo, legisladores oficialistas hicieron ver, al igual que la defensa, que la acusación no contiene pruebas que la respalden y que está basada en “conjeturas”, sin hechos que la respalden.
En tanto, gran parte de la oposición centró su critica en que el efecto que la mala gestión del exministro generó, por el error en las cuentas de la luz, perjudicó “el bolsillo” de los chilenos y especialmente el de las familias más vulnerables. Pero también aludieron al eventual conflicto de interés que sacó a la luz el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien presidió la Comisión Revisora, donde el legislador dio a conocer la información en que basó su acusación, debido a que la pareja del exministro, abogada igual que él, es socia de un estudio jurídico que habría defendido a Transelec ante el TDLC. Según alegó el abogado defensor, esto no sólo no está incluido en el libelo acusatorio, sino que no existe tal conflicto de interés.
Así, en base a un quorum de mayoría simple al igual que en la Cámara Baja, los senadores presentes en el proceso inclinaron la balanza a favor del exministro. El primer capítulo referido al incumplimiento de las exigencias eficiencia y eficacia en el desempeño de los cargos públicos se rechazó por 17 votos a favor, 28 en contra y una abstención. El segundo capítulo, en tanto, que apuntaba al error de cálculo de Transelec se rechazó por 21 votos a favor, 21 en contra y tres abstenciones, por lo que no alcanzó el quorum.
De este modo, un nuevo libelo acusatorio de la oposición queda sin piso, ya que se dio por rechazada la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado, cuya principal preocupación era quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años, lo que le hubiera impedido continuar ejerciendo su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, según lo explicitó en su defensa.
Tras la votación, el exministro valoró el respeto con que se realizó el proceso en la Cámara Alta y destacó que senadores de Gobierno y oposición compartieran el argumento de que la acusación tiene que cumplir causales jurídicas específicas para ser aprobada y que esta no las cumplía.
Más adelante, visiblemente emocionado y a punto de las lágrimas señaló que él tuvo la oportunidad que no tuvo su padre, que fue exonerado de su cargo durante el régimen militar, de hacer su defensa y entregar sus argumentos. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró que esta jornada se hizo “un acto de justicia”.
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