Este martes, finalmente, el Gobierno terminó con la incertidumbre e ingresó al Congreso Nacional el proyecto de reajuste fiscal. Sin embargo, la norma con la que el Ejecutivo busca dar estabilidad a los funcionarios públicos, calificada por la oposición como de “amarre”, permite augurar una compleja tramitación, debido a una serie de otros temas incluidos en una miscelánea, en los que tampoco habría acuerdo.
A este respecto, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), quien también integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, que esta tarde deberá iniciar la tramitación de la iniciativa, Frank Sauerbaum advirtió que la diversidad de temas que aborda el proyecto “nos obliga a una tramitación más larga de lo usual, especialmente para evaluar las distintas medidas de amarre que busca impulsar el Gobierno que perjudicarían al gobierno entrante”.
Ello, porque según detalló, el cambio de criterio en torno al concepto de “confianza legítima” y “la imposición de la modalidad de teletrabajo hasta el año 2028”, ataría la gestión del recurso humano de la próxima administración “por tres años completos”.
Desfinanciado
Por otro lado, Sauerbaum apunta al informe financiero, señalando que este le da la razón a las críticas de su sector en cuanto a que la iniciativa estaría “desfinanciada desde su origen, toda vez que para el costo total de US$ 1.785 millones para 2026 hay sólo US$ 660 millones en las provisiones, por lo que los US$ 1.125 millones restantes serán asumidos desde lo presupuestado actualmente para sueldos, tal como menciona explícitamente dicho informe”, argumentó el diputado opositor, cuyo sector estará en el oficialismo desde el 11 de marzo de 2026.
Ante su propio argumento,
Sauerbaum especula que “con esto, el Ejecutivo pretende atar de manos a la siguiente administración forzando desde ya reasignaciones presupuestarias a un gobierno que ni siquiera ha comenzado y a una Ley de Presupuestos que tiene menos de una semana de vigencia”.
No obstante, al parecer, para el legislador no todo es malo en el polémico proyecto, ya que
destaca tres medidas positivas, como son la postergación en un año de los reavalúos de bienes inmuebles no agrícolas y agrícolas; la rebaja de contribuciones a las víctimas de terrenos tomados; y, la extensión del Fondo de Emergencia por los incendios de Valparaíso, “en vista de la nula gestión en reconstrucción por parte de este Gobierno”, concluye.
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