Con el propio exministro de Energía Diego Pardow como testigo privilegiado, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional (AC) votó el libelo de dos capítulos presentada por la oposición y que cuatro constitucionalistas hicieron ver, durante este martes, que no cumple con los requisitos jurídicos para ser aprobada.
Tanto es así que el abogado defensor del exsecretario de Estado, Francisco Cox -visiblemente nervioso durante la sesión- objetó que se votara esta misma jornada, pues -a su juicio- no se han cumplido los seis días desde la comparecencia del extitular de Energía que establece el reglamento lo que ocurriría mañana miércoles, alegó. Desde su punto de vista, al votarse hoy se “viola el debido proceso”.
Sin embargo, Mulet se amparó en el hecho de que tomado el acuerdo de votar hoy, no lo podía cambiar sin que la propia comisión le diera la unanimidad- Ello obviamente no ocurrió, pues especialmente la oposición desde la semana pasada exigía hacerlo, aun cuando a esas alturas el exministro no había comparecido ante la comisión. De este modo que la instancia aprobó la acusación por tres votos a favor -el UDI Sergio Bobadilla, el RN Mauro González y el presidente de la comisión Jaime Mulet (FRVS) y uno en contra, de la diputada Erika Ñanco (PS). Ahora queda por fijarse la fecha de la votación en Sala.
Antes de la votación, que comenzó minutos antes de las 13:00 horas, fue el propio Pardow quien aclaró por qué la acusación no corresponde. Entre otras cosas, explicó que el primer capítulo comete un error en cuanto a la manera en que funciona la institución en mercados regulados, construidas frente al principio de las decisiones técnicas, que apuntan a que “el ministro no tenga la posibilidad de desafiar una decisión técnica como el establecimiento de las tarifas”; en consecuencia, insistió en que “el primer capítulo propone una definición errada de la forma como funcionan los organismos regulados”.
A continuación, señaló que el segundo capítulo “es derechamente falso”, detallando que lo es -a su juicio- en tres ámbitos: lo relacionado con Transelec, en cuanto a que sea ha dicho que fue una denuncia voluntaria de parte de la empresa, pero no habría constituido autodenuncia, porque esta fórmula no existe en este ámbito. Y precisó que “decir que en octubre del año pasado existía información completa es falso, porque no la hubo hasta agosto” de este año; negó que haya habido “ocultamiento (de su parte) también es falso”, porque la información a que se alude es de acceso público, dijo aludiendo a correspondencia de organismos que es de acceso público; y, por último, recalcó que la idea de que no se habrían tomado cursos de acción una vez conocida la primera detección también es falsa, pues hubo tres procesos administrativos distintos.
Acto seguido enfatizó que la acusación constitucional “procede por infracción a la Constitución o las leyes, lo que en este caso no ha ocurrido”.
Mulet insiste en el eventual conflicto de interés
También se refirió al tema de la posible alarma pública, asegurando que se mal interpreta en el libelo acusatorio y explicó que con ello hacía referencia a los “arbitrajes de inversión”, debido a que el Estado de Chile en esa época había sido demandado ante el Ciadi por WOM, demanda que recoge declaraciones de autoridades políticas en apoyo a su reclamo. De ahí la decisión de no hacer público este tema: “Con información parcial sin tener claridad sobre la magnitud del problema. Me pareció y me sigue pareciendo muy importante ponderar las consecuencias para la responsabilidad patrimonial del Estado”, tras lo cual respondió a la pregunta del UDI Sergio Bobadilla -quien ha sacado a colación en varias sesiones la necesidad de saber si el Presidente Gabriel Boric conocía la situación-, enfatizando que “no me correspondió hacer un detalle al Presidente” de lo ocurrido, como sí lo hizo a su sucesor Álvaro García en el traspaso del cargo.
Pardow también se hizo cargo de la “preocupación” de Mulet respecto a la razón de que en su declaración de intereses y patrimonio figurara como “reservado” todo lo relacionado con su pareja, quien es socia de un estudio jurídico que defiende a Transelec, entre otras empresas reguladas.
Aunque su abogado objetó la pregunta, por estar el tema está fuera del ámbito de la acusación constitucional y que el exministro envió a la comisión los mismos documentos con la información que tiene la Contraloría, Pardow se refirió al tema por la preocupación de Mulet y el respeto con el que hizo la pregunta.
Rechazó tajantemente un conflicto de interés, porque su pareja “nunca ha trabajado con Transelec”, indicó, recalcando que en su actuación en este sentido “hubo un estricto cumplimiento de la normativa aplicable”.
Sin embargo, de nada sirvió, porque esta situación y la respuesta del exministro fueron, según el propio, Mulet uno de los elementos que consideró para votar a favor de la acusación.
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