La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer los primeros artículos del polémico reajuste del sector público, texto que ingresó el Ejecutivo el martes al Congreso y cuya discusión se ha centrado en el costo fiscal (US$ 1.700 millones) y lo que la oposición considera normas de “amarre” que complicarían la desvinculación de funcionarios públicos.
En una maratónica sesión, la instancia visó los artículos menos controversiales del proyecto, dejando para inicios de la próxima semana los más complejos, como las normas para desvincular a trabajadores a contrata y algunos artículos misceláneos, como la ampliación del giro de empresas estatales como ENAP y Correos de Chile.
La comisión dio luz verde, entre otros, a artículos como la postergación del reavalúo de propiedades habitaciones desde 2026 a 2027; una nueva norma para solicitar la rebaja de contribuciones de predios usurpados; la exención del impuesto verde a vehículos de la PDI; y la extensión del Fondo de Emergencia Transitorio para la reconstrucción por los incendios en Valparaíso.
Los parlamentarios de oposición insistieron al Ejecutivo que antes de votar el proyecto se necesita escuchar la exposición de la Contraloría General de la República (CGR) y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), lo que finalmente ocurrirá el próximo lunes.
El texto -que se encuentra con urgencia de discusión inmediata- extenderá su tramitación más allá de la semana actual, en circunstancias en que el Ejecutivo explora cambios con el Legislativo para viabilizar el reajuste.
El proyecto se da luego de un acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Mesa del Sector Público que implica un reajuste de remuneraciones de 3,4% nominal, dividido en dos momentos: de 2% a contar del 1 de diciembre y de 1,4% a partir del 1 de junio de este año.
Declaraciónopositora
Mientras en la segunda sesión de la comisión de la jornada de este miércoles exponían dirigentes de los trabajadores fiscales, los integrantes opositores de la comisión de Hacienda de la Cámara difundieron una declaración pública en la que explican su postura sobre el tema, señalando que “considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración, constituyendo un acto de grave irresponsabilidad y de mala fe democrática”.
El documento añade que “estimamos indispensable que organismos técnicos e independientes, como la Contraloría General de la República y el Consejo Fiscal Autónomo, puedan exponer en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para así evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de este proyecto”.
Ello, tras rechazar la forma como el Ejecutivo presentó el proyecto de reajuste, desde su punto de vista desfinanciado, y las normas misceláneas incluidas en la normativa.
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