Por Claudia Betancourt M.
La nueva Ley de Migraciones y las modificaciones a la Reforma Procesal Penal son dos de los proyectos emblemáticos para el último año de la administración Piñera que el mismo Ejecutivo se comprometió a ingresar en el Congreso y que presentan un retraso.
En noviembre de 2012, el gobierno anunció el envío de un proyecto al Congreso para modificar la Ley de Migración -que data de 1975- y que esperaba que fuera aprobada en unos 15 días en el parlamento. Entre otras, la iniciativa permitiría ampliar el número de empleados extranjeros que puedan trabajar en las empresas nacionales, entre otras materias.
En ese entonces, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró además que el proyecto “ya está listo, revisado en el Ministerio del Interior y está para la revisión final por parte del presidente. Y esperamos que en un plazo no superior a 15 días, lo tengamos presentado en el parlamento. Lo que buscamos es cambiar el sistema de otorgamiento de visas y residencias”.
De esa fecha han pasado casi dos meses y desde la Moneda se argumenta que el retraso se debe a que no ha finalizado el proceso final de firmas de a lo menos siete ministros de Estado con que cuenta el proyecto y que recién resuelto este tema estaría en condiciones de ser presentado.
Sin embargo, fuentes de gobierno estipulan que sólo a principios de marzo ingresaría al Congreso, porque además los tiempos legislativos se acortan y el Congreso entra en receso la próxima semana.
Para algunos expertos, la iniciativa podría haber servido para enfrentar períodos intensivos de trabajo de la Agricultura y el Comercio con el ingreso temporal de trabajadores extranjeros. Por ello, dicen, contar con un nuevo marco legal que lo regule podría haber ayudado en este caso.
Con todo, el proyecto tiene contemplado ofrecer un menú amplio de visas, crear una nueva institucionalidad Migratoria y el mandato para la formulación de una Política Nacional sobre la materia.
Y respecto de los trabajadores, mantendrá el límite máximo de 15% de extranjeros en las empresas, pero excluirá de esta norma a titulares de visas de menos de un año que no pueden postular a residencia definitiva.
Reforma de la Reforma
En tanto, la próxima semana se cumplen los 100 días para presentar la reforma procesal penal, plazo al que se comprometió el entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien dejó el cargo el pasado 17 de diciembre luego de su vinculación con el caso acreditaciones.
Dos meses antes de ese hecho, Ribera había entregado detalles del proyecto y fijó plazos para el trabajo pre-legislativo, lo que acompañó con el trabajo de una comisión de expertos.
De acuerdo a lo que se conoció, el proyecto apunta a la simplificación del procedimiento de constatación de lesiones de los detenidos y mejoras en la comparecencia de los peritos judiciales del juicio oral.
Además, se profundizará en la capacitación y formación de los policías, y la creación de un parte único para unificar la base de datos. También contempla la aplicación de un proceso autoevaluativo sobre el desempeño de los jueces. Y contiene una reforma del código procesal penal, donde se han detectado más de 23 materias que sería necesario perfeccionar.
Nuevo subsecretario
De esta tarea está encargada ahora la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y seguramente se abocará el abogado penalista Juan Ignacio Piña, quien fue nombrado ayer como subsecretario de la cartera.