Era la tercera vez que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, acudía a la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados. Durante marzo y abril ya había expuesto sobre la agenda legislativa del Ejecutivo y la polémica por el decreto para moderar el alza de las contribuciones de bienes raíces, ponencias en las que había salido airoso. Pero el tema de ayer sugería otro ambiente: Hacienda había dado a conocer US$ 5.500 millones en gastos comprometidos que no estaban provisionados ni contabilizados en el Presupuesto para los próximos cuatro años.
Y como se preveía, los parlamentarios de la oposición cuestionaron en varias oportunidades al secretario de Estado y al director de Presupuestos, Rodrigo Cerda.
Larraín partió su presentación sin ánimo de polemizar, asegurando que al no provisionarse dichos gastos -independiente de si eran proyectos de ley en trámite o aprobados- fue un “error” y resultado de un “desorden” en la gestión presupuestaria, pero evitó apuntar hacia su antecesor, Nicolás Eyzaguirre. “Todo lo que hemos planteado está respaldado por números. Nos vamos a hacer cargo de este problema. Decir la verdad siempre debe ser bien acogido cuando está sustentado”, dijo.
Fue el momento en que comenzaron las interrupciones. Uno de los primeros fue el presidente de la instancia, Pablo Lorenzini (DC), quien cuestionó que se considerarán gastos no financiados proyectos de ley no aprobados o retirados del Congreso, como el que reemplaza el Crédito con Aval del Estado (CAE).
“Entonces, se retiran los proyectos y se acaba el problema”, lanzó el legislador, quien fue secundado por el también DC José Miguel Ortiz, quien argumentó que si la provisión de fondos no está en la partida del ministerio, “siempre se puede recurrir al Tesoro Público”.
El ministro Larraín buscó calmar los ánimos, asegurando que en dos semanas más presentará nuevas medidas de austeridad, las que junto con un mayor crecimiento de la economía servirá para financiar los US$ 5.500 millones comprometidos.
El director Cerda también intentó moderar los cuestionamientos, explicando que la metodología vigente -y que han usado los gobiernos anteriores- es que cada proyecto ingresado al Congreso que eroga gasto público debe estar provisionado y anotado en el erario, ya que el Informe de Finanzas Públicas que acompaña al Presupuesto en octubre considera la programación para cuatro años, incluyendo potenciales impactos de leyes en trámite.
“Hay un desfase de gastos que estaban contabilizados en 2017 y por subejecución pasan al 2018. Eso hace que el techo de gasto se incremente, por lo que es una presión de gasto”, afirmó.
Reforma tributaria
Luego de enfatizar en su presentación que la mayoría de las presiones de gasto provienen del sobregasto en salud (ver nota relacionada), se generó un tenso debate con los diputados, cruzado por temáticas como la reforma tributaria.
Crítico fue el diputado de RD, Giorgio Jackson: “Hay una intencionalidad política para reducir la presión fiscal. Se quiere tocar fondo para luego hacer las cosas que sean posibles en la medida que la situación fiscal lo permita. ¿No se requerirá más bien una mayor recaudación tributaria en vez de una baja de impuestos?”.
“Requerimos claridad, ¿se quiere bajar el gasto público? Se está creando el escenario para ajustar”, planteó Manuel Monsalve (PS).
En defensa del Ejecutivo salió el diputado UDI Guillermo Ramírez, quien apuntó a la Nueva Mayoría: “La presentación del ministro es preocupante y grave y la oposición quiere minimizar el tema. Es malo que se estén negando a priori a discutir una rebaja de impuestos a las empresas”.
“No hemos tratado de dar una señal de alarma sobre la situación fiscal. Más bien es un téngase presente. No vamos a reducir el gasto ni la carga tributaria, sino que vamos a reestructurar la carga. Vamos a hacernos cargo de los gastos comprometidos y no los vamos a recortar”, expresó Larraín.
Economistas abogan por fortalecer la institucionalidad fiscal
El debate en torno a las presiones fiscales adicionales también llegó hasta el Grupo de Política Monetaria (GPM) de la Universidad de Chile. Tras dar a conocer ayer su recomendación al Consejo del Banco Central de mantener la tasa de interés en su actual nivel de 2,5%, los voceros de la instancia abordaron la polémica, y aunque prefirieron no entrar en la discusión de fondo, abogaron por una solución a nivel institucional que zanje las dudas en torno a las cifras del endeudamiento fiscal.
Para Raphael Bergoeing la discusión "está generando presiones suficientemente fuertes como para que suba en la agenda de prioridades la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad fiscal, algo que es súper importante pero que muchas veces queda relegado a un segundo plano, por esta especie de conformismo o complacencia que teníamos por lo bien que lo hacemos en esta materia".
Por su parte, el socio y gerente general de Gemines Consultores, Tomás izquierdo, se mostró "totalmente de acuerdo en que tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad".
A su juicio, "el éxito a largo plazo del crecimiento económico está vinculado con la calidad de las instituciones, hemos visto en lo que ha sido esta transición, pero también en otras transiciones anteriores, que hay problemas con la regla fiscal, con ponerse de acuerdo con respecto a los números".
Ante ello, aseguró que la idea de entregar mayor autonomía al Consejo Asesor Fiscal "me parece súper importante, lo mismo que una oficina asesora para el Congreso en materias fiscales, como existe en Estados Unidos, me parecería una gran avance en el ámbito institucional, así que hay que empujar para ese lado".
En tanto, Gonzalo Le Fort sostuvo que "tenemos un problema relativo a la regla fiscal y relativo al nivel de deuda estructural que tenemos actualmente".
Le Fort aseguró que el incremento en los niveles de deuda "nos ha puesto en la mira de los clasificadores de riesgo, y mientras no logremos solucionar lo que da origen a esos incrementos de deuda, que es fundamentalmente una posición fiscal deficitaria, creo que corremos el riesgo de continuar en la mira de ellos y que vuelvan a disminuir nuestra clasificación de riesgo, lo cual tendría efectos muy nocivos en el crecimiento y que debe evitarse. La institucionalidad es la base para poder conseguir eso".
Piñera entra al debate y la cámara escuchará el lunes al exministro Eyzaguirre
El debate fiscal tendrá nuevos capítulos. Uno de ellos es el que se prevé protagonizará Nicolás Eyzaguirre el lunes, cuando concurra a la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados para exponer su visión sobre los cuestionamientos de las actuales autoridades de Hacienda.
Y tendrá el condimento de ser una polémica que incluso hizo suya ayer el mismo Presidente de la República. En el marco del primer encuentro de "Diálogos en La Moneda", en donde se sostuvo un conversatorio sobre libertad y democracia con el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, Sebastián Piñera expuso: "Nosotros tenemos un grave problema fiscal en Chile, el déficit fiscal era mucho mayor del que se había anticipado, pero además hay un conjunto de gastos comprometidos que no están financiados, que no estaban en ninguna parte, que nos llevan a una situación fiscal mucho más grave y seria que la anterior".
Recordó que "cuando discutíamos la importancia de recuperar los equilibrios fiscales mucha gente me dijo, para qué se preocupa tanto, no seas tan riguroso en esa materia, sigue adelante, total nadie te va a responsabilizar a ti de esto. Yo le dije: momento, es que ni siquiera con ese argumento de conveniencia, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, no es que la economía siga igual en medio de la irresponsabilidad fiscal, la economía al día siguiente se paraliza".
Y luego se preguntó "¿por qué la economía se paralizó antes que asumiera la presidenta Bachelet? porque la gente sabía lo que venía y actúa antes. ¿Por qué la economía se está recuperando hoy? en base a confianza y expectativas. Si uno no honra esa confianza, las expectativas se van a diluir".
Larraín: "La sobreejecución en Salud explotó"
El tema que cruzó la discusión en torno a los gastos comprometidos y no financiados en el sector público fue el sobregasto en el Ministerio de Salud.
El titular de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió que de los US$ 1.571 millones en compromisos no financiados o privisionados en el Presupuesto de 2018, US$ 983 millones se explican por los servicios de Salud.
En concreto, dicha cifra se explica por la diferencia entre el gasto proyectado en el erario y la nueva estimación realizada por la autoridad como consecuencia del aumento en las necesidades de prestación de servicios y un aumento en los gastos de personal porque se requiere de más especialistas.
En lo que va del año, advirtió el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, el sobregasto en el sector asciende a alrededor de US$ 250 millones, a razón de más de US$ 80 millones de déficit por mes.
El ministro Larraín fue enfático en señalar que "la sobreejecución en Salud explotó" y que tiene una alta incidencia en el total de compromisos no sustentados para los próximos cuatro años.
De hecho, en el desglose de los US$ 5.500 millones no provisionados, US$ 2.950 millones se explican por el sobre gasto en la cartera liderada por Emilio Santelices.
"Nos tenemos que hacer cargo del déficit. El sobregasto podría ser mayor incluso si en los meses de invierno la situación es más compleja. El grueso del problema está en Salud", señaló la autoridad.
Estos antecedentes se suman a los entregados el viernes y que incluyen la estimación de un incremento de aproximadamente US$ 1.000 millones en déficit hospitalario en 2018 que no estaba considerado por el Ministerio de Salud y que no estaba contemplada en ningún presupuesto; y que se repiten anualmente hasta el 2021.
A eso, se le suman el aumento de la duración y los costos de las licencias médicas en el sector público para el 2018, correspondiente a casi US$ 185 millones.
Otros gastos relevantes son US$ 370 millones en Vivienda, por inversión de arrastre y por recursos no otorgados en el presupuesto 2018; y US$ 350 millones en el Ministerio del Trabajo, acumulados de bonos, pensiones, pilar solidario, desempleo y proyectos del sector.
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