Uno de los temas que promete tensionar la discusión de la ley de Presupuestos son los recursos destinados a los Gobiernos Regionales (GORE), específicamente, los fondos para ejecutar los proyectos de inversión, los que han mostrado retrasos este año.
Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), a agosto los GORE han podido ejecutar apenas un 41,5% de sus recursos para inversión, cifra que contrasta con el 55,5% a igual fecha de 2023.
Entre las zonas con notorio rezago están Aysén (16,7% de ejecución), Coquimbo (25,4%) y Tarapacá (25,8%), mientras que la Metropolitana (64,4%), Maule (52,3%) y Arica y Parinacota (51,8%) destacan como las más avanzadas.
De cara al Presupuesto del próximo año, los GORE incrementan en promedio 7,5% sus recursos para invertir, una mejoría de US$ 139 millones respecto del ejercicio actual. Así, los gobernadores y su Consejo Regional (CORE) dispondrán de más de US$ 2.000 millones para gastar en distintos proyectos.
Antofagasta y Tarapacá lideran en las variaciones porcentuales, con fondos superiores en 13,6% y 10,7% respecto a este ejercicio. Les sigue Ñuble y Maule con una variación positiva de 8%.
La Metropolitana tiene el erario más grande entre sus pares, con más de US$ 220 millones, superando a La Araucanía (US$ 210
millones) y a Antofagasta (US$ 155 millones).
Fondos del royalty
El proyecto da cuenta de los mecanismos para financiar el programa de inversiones de los GORE.
Para 2025 se consideran los recursos en régimen del royalty minero, distribuidos en el Fondo para la Productividad y el Desarrollo (US$ 256 millones) en el caso de los Gobiernos Regionales, un 12,7% del total.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es el principal mecanismo de financiamiento, con un 42,6% del monto total del programa o US$ 858 millones.
También destaca el Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, con US$ 381 millones, un 18,9% del total. También aportan el Fondo de Equidad Interregional (10,6%), los ingresos por derechos y patentes (12,4%) y otros ingresos (2,8%).
Las restricciones
Según los gobernadores, la baja ejecución de sus recursos este año tiene una explicación: las restricciones incluidas en la Ley de Presupuestos 2024, derivadas del Caso Convenios que estalló en 2023 y que puso en entredicho las transferencias de recursos públicos a entidades privadas.
Hay algunas restricciones que se mantienen, como que los cambios presupuestarios deban pasar por el CORE, la Dipres y la Contraloría; pero hay otras que se modifican.
Por ejemplo, el Presupuesto 2025 propone crear un programa presupuestario para cada Gobierno Regional, lo que implica un cambio desde la estructura de 2024, cuando los recursos de todos los GORE estaban agrupados en dos programas: uno de inversión; y otro de funcionamiento.
“Esta modificación permitirá a los gobernadores realizar transferencias consolidables, que corresponden a movimientos de recursos entre entidades del Gobierno Central contenidos en la Ley de Presupuestos. Así, en 2025 la relación entre los Gobiernos Regionales y otras instituciones públicas será más fluida”, explican en Dipres.
Adicionalmente, se eliminó la glosa que exigía de manera excepcional que la ejecución se contabilizara una vez aprobada la rendición de cuentas. Por lo tanto, desde 2025 la ejecución presupuestaria de los GORE se registrará de la misma forma que la de los otros organismos del Gobierno Central.
Otro cambio es que se reforzaron los plazos de aprobación de la apertura inicial de los presupuestos que deben realizar los GORE, para garantizar que puedan ejecutar sus recursos desde el inicio del año.
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