Uno de los mecanismos principales de financiamiento para las Fuerzas Armadas es la polémica Ley Reservada del Cobre. La normativa establece que el 10% de las ventas brutas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) se traspasarán anualmente a las FFAA para gasto en diferentes partidas, como la renovación de material bélico, por ejemplo. La ley estuvo en el ojo del huracán el año pasado a propósito del escándalo por el millonario desfalco realizado en el Ejército, denominado “Milicogate”.
Y tras un período extendido de menor gasto entre inicios de 2015 y finales de 2016, al parecer la billetera castrense comenzó a abrirse: en los últimos dos meses (diciembre 2016 y enero 2017), el gasto realizado con cargo a los recursos de la ley es superior al registrado en los 22 meses previos, o sea, abril de 2015.
Acorde a un estudio realizado por el Observatorio del Gasto Fiscal para el período entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, las adquisiciones realizadas mediante recursos de la ley totalizaron apenas US$ 219 millones, mientras que entre diciembre de 2016 y enero de este año el gasto se empinó a US$ 278 millones.
El economista de la Usach y director del observatorio, Guillermo Pattillo, plantea que si bien la cifra es alta considerando lo ejecutado en los últimos dos años, la cifra está por debajo del promedio de gasto vía Ley Reservada en la última década. En concreto, en los últimos 15 años el promedio de gasto anual por la ley asciende a US$ 584 millones.
¿Tendencia se mantendrá?
Para Pattillo, quien se desempeñó como subdirector de Presupuestos en el gobierno pasado, aún es muy temprano para atribuir un cambio de trayectoria en la dinámica de gasto de las FFAA, en el marco del impacto que podría haber generado en las políticas de control y riesgo financiero el denominado “Milicogate”.
“El nivel de gasto del bimestre diciembre-enero no modifica la tendencia que lleva el uso de la Ley Reservada. Lo que es esperable es que anualmente se autorice del orden de US$ 350 millones para este fin”, plantea el académico, quien anticipa que en los próximos meses debiera haber una “significativa disminución” de lo gastado por las Fuerzas Armadas en el marco de la estrechez de recursos fiscales.
“El alto gasto devengado en esos meses no está relacionado con un aumento en la cantidad de recursos que anualmente las Fuerzas Armadas tienen autorizado gastar. Solo se explica por el momento en que se han elaborado los decretos de autorización de gasto”, plantea.
La ley fue promulgada en 1958 y, concordante con el estudio, el uso de los recursos solo ocurre si la autoridad política lo aprueba. Es así como la luz verde para los giros de parte de las FFAA debe provenir de los ministros de Defensa y Hacienda, y del Presidente de la República.
¿Qué tan importante es el gasto en Ley Reservada? Según Pattillo, representa alrededor del 0,6% del gasto total del gobierno central, mientras que como porcentaje del PIB en 2015 ascendía a 0,14%, menos de la mitad del 0,31% de incidencia que registró en la década anterior.
“Aún con los precios del cobre actuales, la Ley Reservada está generando ingresos que son significativamente superiores al espacio de gasto que existe disponible”, recalca el economista.
De hecho, entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, se registró un superávit entre ingresos y gastos por la ley, mientras que en los últimos dos meses el déficit fue de US$ 107 millones.
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