Una de las principales promesas del Presidente electo, José Antonio Kast, durante la campaña fue hacer un profundo ajuste en el aparato estatal, con un recorte de US$ 6 mil millones en 18 meses.
Si se considera que hoy el gasto público representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB), su descenso bien podría tener efecto sobre la dinámica de la economía chilena, que entra a 2026 con perspectivas alcistas y un Banco Central anticipando una expansión que podría llegar incluso a 3%.
Así, comienza a instalarse este debate entre los analistas.
El departamento de estudios del Bci fue uno de los primeros actores en ponerle número al efecto. En un informe enviado a clientes, el economista jefe del área, Sergio Lehmann, calculó que un recorte del gasto estatal de US$ 3.500 millones al cabo de dos años, reduciría la expansión del PIB en 0,4% en 2026 y 0,8% en 2027.
“De esa manera, es altamente probable que el crecimiento del PIB el próximo año se sitúe en la parte baja del rango del Banco Central (entre 2% y 3%). Por igual razón, habría espacio para un segundo recorte en la tasa de política hacia la segunda parte de 2026”, señaló.
“Un ajuste concentrado en gasto corriente de bajo multiplicador tendría un impacto más acotado; en cambio, si recae sobre inversión pública, el costo macroeconómico sería mayor”, dicen en Banco Santander.
Cuando el ajuste se concentra en programas ineficientes, mal evaluados o de bajo impacto, el efecto contractivo será más acotado, argumentó el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.
“Los impactos del ajuste fiscal finalmente también se juegan con su credibilidad. Si es creíble en monto, plazo y composición, los beneficios a mediano plazo superarán los costos debido a un menor riesgo soberano y a tasas de interés más bajas, lo que se traduciría, a la larga, en una mayor inversión privada”, dijo el también académico de la Universidad de los Andes.
Por el contrario, si no son creíbles y el ajuste se utiliza además para compensar medidas tributarias, los costos serán “aún mayores a corto plazo, por ejemplo, debido al aumento del spread soberano. El ejemplo más reciente fue lo ocurrido con la primera ministra británica Liz Truss y su plan de ajuste fiscal, quien terminó renunciando”, complementó.
La respuesta de cuán contractivo puede ser el ajuste fiscal es “depende”, desde la óptica del gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, aunque en su escenario base el efecto sería acotado. “En primer lugar, considerando el plazo de 18 meses, el recorte equivale a US$ 4 mil millones en un año lo que, a su vez, representa un 1,2% del PIB. Si bien este es un ajuste que no es irrelevante, tampoco es dramáticamente elevado”, señaló, a lo que agregó como segundo factor cuáles otras medidas fiscales se podrían tomar.
Incentivos en paralelo
“Si hay algún recorte de impuestos, evidentemente el impacto neto del recorte es menor”, expuso Fernández.
Y es justamente el factor incentivos al crecimiento y la inversión lo que podría contrarrestar el efecto bajista del recorte de gasto.
El programa del Presidente electo considera una propuesta para recortar el impuesto corporativo de 27% a 23%, así como generar un crédito tributario para las empresas que contraten trabajadores en riesgo de vulnerabilidad, que podría llevar su tasa a un 20%. También, contempla eliminar barreras regulatorias para impulsar proyectos de inversión, por lo que para los especialistas es clave que el recorte de gasto se trabaje en paralelo a los incentivos tributarios y las desregulaciones.
“Cada punto adicional de crecimiento son cerca de US$ 640 millones netos de mayor recaudación. Este mayor dinamismo compensará el menor gasto del Estado. Además, como los recortes serán en materias administrativas, será aún más beneficioso para la actividad”, explicó el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber.
El exsubsecretario de Hacienda cree que es “más realista” pensar en un recorte de hasta US$ 2 mil millones por año, para completar US$ 8 mil millones a 2029.
Si el ajuste se materializa vía reducción de gasto, se esperan efectos sobre la actividad en el corto plazo, los que dependerán tanto de la composición del recorte como de su timing, expusieron en el área de estudios del Banco Santander.
“Un ajuste concentrado en gasto corriente de bajo multiplicador tendría un impacto más acotado; en cambio, si recae sobre inversión pública, el costo macroeconómico sería mayor. Los beneficios de un ajuste creíble aparecen en el mediano plazo, pero para amortiguar el impacto inicial es clave la secuencia de políticas”, agregaron.
Los efectos de un impulso fiscal negativo en 2026 podrían ser “perfectamente contrarrestados” por un mayor impulso de la inversión privada, dijo el economista jefe para América Latina de Itaú, Andrés Pérez.
“Vale la pena recordar que el presupuesto nacional contempla una caída en la inversión pública superior a 10% real anual. Entonces, asegurar la continuidad del proceso de recuperación de la inversión es fundamental”, sostuvo.
Si el recorte tuviera como foco la inversión pública, el efecto en el crecimiento sería “importante”, complementó la directora del CEF de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes. Pero también matizó: “Se debe considerar también que ir recuperando la sostenibilidad fiscal contribuye a mejorar el riesgo soberano, lo que podría reducir las tasas de interés y el tipo de cambio, lo que genera un impacto positivo en la economía”.
La economista senior de LyD, Macarena García, argumentó que el recorte anunciado por Kast no es aislado, sino que se encuentra inmerso en un programa que considera propuestas que lo complementan: “De llevarse a cabo, debieran generar efectos positivos en la inversión pública y privada y, por tanto, en el crecimiento económico. La economía depende principalmente del gasto privado, no del gasto público”.
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