La restricción presupuestaria obligará al gobierno a destinar los recursos disponibles en tres ejes prioritarios: educación, salud y seguridad ciudadana. Así lo expuso el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ayer en el comité político en La Moneda. El economista reiteró que el erario 2017 será responsable con la regla fiscal y, según líderes de la Nueva Mayoría que asistieron al encuentro, entregó señales sobre un Presupuesto que crecerá “entre 1,5% y 2%”. El consenso en el bloque es que el techo para el incremento del gasto público es un 3%. “Será un Presupuesto claramente austero”, confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS).
Y si bien las definiciones del Ejecutivo fueron respaldadas por los presidentes de los partidos del conglomerado, algunos de ellos levantaron la mano y señalaron que faltaba una: mejorar las bajas pensiones que entrega actualmente el sistema de AFP. Ahí, “Valdés tomó nota”, expresó un dirigente oficialista.
Para un sector de la NM, el debate previsional no puede quedar fuera de la discusión presupuestaria, no sólo porque el descontento social es evidente; también porque una correcta respuesta puede venir acompañada de un importante rédito político en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
“Pensiones es un tema central”, aseguró el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete. Su símil del Partido Radical, Ernesto Velasco, complementó: “Pensiones y empleo deben ser prioridad en el Presupuesto 2017”.
Lo mismo opina la bancada de diputados del Partido Socialista, que elabora un documento donde propone aumentar la pensión básica solidaria en un 110%, lo que obligaría al Estado a destinar más del 0,7% del PIB que gasta actualmente en el Pilar Solidario.
Parlamentarios que integran las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado ven con preocupación la “escasa o nula” disposición que ha manifestado el ministro Valdés para reasignar recursos, única ventana para atender nuevas demandas.
“El ministro no escucha y así no tiene sentido la conversación con los partidos”, expresaron diputados de la Democracia Cristiana, que sugirieron reducir los recursos en gasto corriente, para incrementar el per cápita en salud, los proyectos de agua potable rural, los programas de mejoramiento urbano y todos los planes que permitan “generar un efecto reactivador en la economía y crear más empleo”.
“Estamos en un momento sensible y las próximas dos semanas son decisivas. Esperamos que el gobierno pueda resolver este nudo, porque aún no hay señales claras”, cuestionó el jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Luis Castro.
Al interior del oficialismo creen que en la discusión sobre las reasignaciones ha estado ausente el nivel de ejecución de cada programa, información que manejan la Dipres y la Segpres.
Con esos datos en la mano, dicen, sería más fácil reasignar recursos. Por ejemplo, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, que tiene un presupuesto actual cercano a los US$ 1.500 millones, sufriría recortes importantes, según reveló una fuente de gobierno. Aunque se desconoce, por el momento, en qué programas.
Los recursos de “los compromisos” con nula o baja ejecución serán destinados a los ejes prioritarios, como los identificados por el gobierno (salud, educación y seguridad).
En la NM piden correr el límite del debate y posibilitar el incremento de recursos en obras y planes que generen actividad económica y creen empleo, además de cumplir con el programa de gobierno.
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