Una desafiante tarea dejó el grupo de 10 técnicos convocados por el Gobierno para actualizar la medición de la pobreza en el país. Tras un año y medio de trabajo, y ajustados al objetivo planteado, la respectiva comisión asesora le entregó este jueves al Presidente Gabriel Boric un informe de 132 páginas con recomendaciones para avanzar en una puesta al día en la materia.
“Cuando los países actualizan sus mediciones de pobreza, en general, toman en cuenta nuevas realidades, datos y también el nivel de desarrollo. A medida que se acrecienta, se hacen más exigentes los mínimos sociales que la población entiende que deben satisfacerse para que las personas vivan una vida digna en lo material”, explicó el economista y presidente de la instancia, Osvaldo Larrañaga.
Con él trabajaron en el tema Alejandra Abufhele Milad, Amanda Telias Simunovic, Andrés Hernando García, Emmanuelle Barozet, Gonzalo Durán Sanhueza, Juan Cristóbal Romero Buccicardi, Paulina Henoch Inostroza, Rodrigo Yáñez Rojas y Sylvia Eyzaguirre Tafra. Todas las personas integrantes desempeñaron sus funciones a título personal y de manera ad honorem.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, también resaltó la importancia de “evolucionar y ser más exigente en los instrumentos de medición: cómo nos medimos, cómo medimos nuestra pobreza, nuestra desigualdad”.
Así, junto con agradecer el trabajo del grupo de 10 integrantes, recordó que actualmente la pobreza se mide según la metodología que está vigente desde 2013 en función de las recomendaciones que, en ese momento hizo una comisión asesora presidencial, la que sugirió que ésta se actualizara cada 10 años.
De ahí que el informe será analizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de aquí a septiembre para definir si alguno de estos criterios se adoptará o no en la próxima Casen.
Las innovaciones
Dado que se considera en situación de pobreza a los hogares cuyo nivel de ingreso es inferior a la línea de pobreza o ingreso necesario para adquirir bienes y servicios que cubren las necesidades básicas, los principales cambios de la comisión apuntan cubren tres aspectos.
El primero, reemplazar el criterio de norma calórica del método Cepal para definir el gasto en alimentos en la línea de pobreza por el criterio de alimentación saludable, que implicaría disminuir a 50% el consumo de ultraprocesados, como transición a su eliminación total en el futuro.
Un segundo punto es diferenciar entre quienes son arrendatarios y no arrendatarios, de modo se usar solo ingresos monetarios para medir el poder adquisitivo de los hogares.
Y un tercer punto es utilizar la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares 2016-2017 como base para la construcción de la línea de la pobreza e incorporar nuevas medidas complementarias.
En el caso de la pobreza multidimensional, que va más allá de los ingresos, se mantienen las cinco dimensiones (educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión), pero con la misma ponderación.
En paralelo, su sugiere agregar indicadores de aprendizaje, control preventivo de salud, dependencia funcional, cuidados, asequibilidad y conectividad digital; además de modificar otros como escolaridad adultos; malnutrición por inseguridad alimentaria; habitabilidad por déficit habitacional; entorno por contaminación y por equipamiento básico; apoyo y participación por apoyo.
Las simulaciones
Bajo el paraguas de las propuestas realizadas, la comisión presentó las líneas de pobreza y tasas de pobreza que hubieran resultado para 2017, 2020 y 2022 junto con advertir que se trata de estimaciones referenciales y no vinculantes.
En este contexto, la tasa de pobreza habría evolucionado desde 24,2% a 32,2% y 22,3% entre esos años, respectivamente.
Todos números que se ubican por encima de las cifras oficiales de 8,7%, 10,8% y 6,5% en cada caso, aunque indican la misma tendencia.
De acuerdo con la medida de propuesta por la comisión, a su vez, un 24,6% de la población nacional habría estado en situación de pobreza multidimensional en 2022. La cifra representa un aumento de 7,2 puntos porcentuales respecto de la medición vigente para ese año (16,9%).
Esto implica que se incrementa el porcentaje de población carente en la mayoría de los indicadores que se mantienen entre ambas mediciones.
En algunos casos, dice el reporte, esto es consecuencia de la ampliación de las situaciones que definen carencias, como es la adición del subempleo en el indicador de ocupación. Otras veces es respuesta a un umbral más exigente, como definir como carentes en seguridad a los hogares que declaran que alguno de sus miembros ha vivido o presenciado “siempre” o “casi siempre” durante el último año tráfico de drogas y/o balaceras o disparos, en reemplazo de solo “siempre”.
Las cuatro regiones con mayores índices de pobreza multidimensional están en el norte del país, todas ellas con fuerte presencia de población inmigrante: Tarapacá (34,2%), Atacama (27,2%) y Arica (27%).
En el extremo sur se encuentran las dos regiones con menores tasas: Magallanes (8,4%) y Aysén (17,8%)
“Esta es una brecha significativamente mayor que la presentada por la pobreza monetaria, donde la región más pobre (Araucanía) duplica el porcentaje de población en situación de pobreza a la región más afluente (Aysén)”, señala el informe.
La pobreza multidimensional en la Metropolitana llega a 26,7%.
De todas formas, el reporte advierte que los cálculos no pretenden suplantar las cifras oficiales de pobreza para dicho año, ni tampoco anticipan los cambios que tendrá la medición de la pobreza en la Casen 2024.
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Amanda Santillán
