Por Rodolfo Carrasco M.
El asesor especial para asuntos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Abogabir, explica a DF el proceso de implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Comercio (OIT). Espera comenzar a aplicar sistema el primer semestre de 2013.
- ¿Qué plazos maneja el gobierno para llevar adelante la consulta indígena?
- Hay que señalar que el Convenio 169 entró en vigencia en 2009. Lo más importante es lo relativo a consulta y participación, que dice que hay que preguntar a las comunidades indígenas cada vez que hay medidas administrativas o legislativas que los afecten, junto con planes o políticas regionales. Lo central es determinar cuándo se afecta en forma directa a las comunidades. En agosto de este año, el gobierno presentó una primera propuesta de normativa general, desde esa fecha hemos apoyado a los comunidades indígenas para mejorarla. Llevamos más de 60 reuniones en forma autónoma, sin participación del gobierno. Esta semana se realiza en Santiago un gran encuentro de organizaciones indígenas donde van a tomar decisiones sobre la propuesta, eso permitirá ir generando un documento que entregue las observaciones más concretas de los pueblos indígenas a lo planteado por el gobierno. Así esperamos en diciembre una propuesta concreta.
- ¿Cuándo esperan tener vigente el mecanismo?
- Luego viene un tiempo de diálogo entre ambos sectores en una mesa para lo que será la normativa final. Ese acuerdo se va a lograr consensuando ambos documentos. Así, esperamos tener un documento durante el primer trimestre e ingresarlo a Contraloría para que entre en vigencia en el primer semestre de 2013.
- ¿El trabajo con las comunidades a cuántas organizaciones abarca?
- Ese es uno de los grandes problemas, porque aunque la ley define a nueve pueblos indígenas, ellos tienen variadas instituciones representativas y transversales. Sin embargo, puedo asegurar que tanto en las bases como en la parte dirigencial estamos trabajando con la mayoría de los pueblos indígenas en este proceso incluida Isla de Pascua, pueblo Kaweskar, Yagán, Mapuche, etc.
- ¿Hay alguna estimación de los proyectos de inversión que serán objeto de la consulta?
- Si bien ya tenemos una mediana claridad de los proyectos que están en trámite y que aborda el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no podemos dar una cifra, porque lo principal primero es definir qué significa una afectación directa, como por ejemplo, el reasentamiento de comunidades indígenas, cuando haya alteración al sistema de vida de esos pueblos, cuando haya alteración al patrimonio cultural, en fin.
- ¿Hay algún modelo que estén tomando como referencia para Chile?
- Hemos tomado varias experiencias. Perú sobre todo porque el sistema es bastante reciente, el año pasado sacó una ley de consulta y este año el reglamento. Nos hemos reunido con el viceministro que es el encargado del tema para compartir experiencias. Lo mismo hemos compartido con Canadá y con Colombia. Canadá no ha ratificado el Convenio pero tiene una experiencia avanzada en estos temas y Colombia tiene un trabajo bastante intenso en la materia. Pero la realidad es que los ejemplos no son definitivos, nadie tiene la solución, la práctica hace que cada país busque su propia fórmula y eso haremos en Chile.
-¿El Convenio cómo debe ser visto? Porque los privados han mostrado preocupación...
-En el MDS consideramos que el Convenio 169 nos da una herramienta para iniciar un proceso distinto con los pueblos indígenas, de reencuentro histórico, donde puedan incidir en las decisiones, eso va a requerir responsabilidad de ambos lados para permitir avanzar en proyectos de ley, de inversión y en medidas administrativas. Hay que definir con quién hay que conversar. Como hoy no existen esas definiciones, el convenio es mirado como un proceso que demora las inversiones. Una de las mayores dificultades que tenemos como gobierno es que al no tener esta normativa clara, finalmente cualquier medida o proyecto se cuestiona.
Vamos por buen camino, las comunidades han asumido este desafío, todo esto queremos resolverlo con la nueva consulta, aunque siempre se corre el riesgo de que pueda haber una judicialización de los proyectos o de algunas medidas.
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