44 proyectos se adjudicaron fondos públicos para contener el impacto del coronavirus en la pobreza
Ministerio de Desarrollo Social inició el período de postulación de la segunda fase, que contempla otros $ 429 millones.
Por: Pamela Cuevas V.
Publicado: Viernes 11 de septiembre de 2020 a las 10:07 hrs.
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44 iniciativas de la sociedad civil se adjudicaron los $800 millones que dispuso el Gobierno, a través del Fondo Chile Compromiso de Todos, para financiar proyectos cuyo fin sea contener los impactos en la pobreza que dejará el paso de la pandemia en el país.
Con un saldo que deja una destrucción de empleo en torno a los 2 millones junto a una merma en los ingresos, se anticipa los niveles del pobreza del país (8,6% del total) inevitablemente escalarán -al igual que en el resto del mundo- a lo menos en unas 500 mil personas más, con lo que superará los dos millones.
En este contexto el Ministerio de Desarrollo Social ya inició una segunda etapa de postulación que se extenderá hasta el 23 de septiembre. Esta contempla $ 429 millones con lo que la línea de financiamiento dirigido a fundaciones y corporaciones ascenderá $ 1.200 millones este año, un incremento de 64% en comparación a lo que se entregó en 2019.
De los primeros recursos que se dispusieron en abril ligados a mitigar los efectos del Covid-19 en la población más vulnerable del país, un 38% se concentró en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Los lagos.
“Con esta nueva entrega de recursos a las instituciones de la sociedad civil, buscamos trabajar en conjunto para ir en apoyo de los grupos más vulnerables que han sido afectados durante la emergencia, actuando de manera coordinada y colaborativa para llegar con las mejores soluciones y apoyos a quienes hoy requieren de un alivio en momentos difíciles”, señaló la subsecretaria de Evaluación de Social, Alejandra Candia.
Al igual que en la primera etapa -en la que se recibieron 535 postulaciones- cada proyecto se podrá adjudicar hasta $ 20 millones.
Entre los aspectos que se evaluarán en cada propuesta están el que consideren mejoras de eficiencia en la implementación de la intervención que se realizará en la población, que contemplen facilitar la generación de ingresos a las personas que no los están percibiendo o la entrega de artículos de primera necesidad, entre otros.
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