Gonzalo Cerda
Como un avance muy importante en el perfeccionamiento del sistema, calificó el director del Servicio Civil y presidente del consejo de Alta Dirección Pública (ADP), Carlos Williamson, el proyecto de ley presentado por el gobierno y que busca introducir importantes cambios al sistema.
En lo sustancial, la iniciativa establece modificaciones a las normas de los interinos y reforma el estatuto administrativo respecto de los directivos de tercer nivel. A lo que se suma la creación de una indemnización por renuncia voluntaria, lo que, según el gobierno, permitirá alivianar la presión de los futuros gobiernos. De hecho, Williamson asegura que la reforma se hace cargo de una atribución de la autoridad que debe ser regulada para un buen funcionamiento de la ADP.
El presidente del consejo ADP explica que los interinos, o sea, directivos provisionales y transitorios (PyT) son designados por la autoridad y juegan un rol importante en la gestión pública, pero se le deben restringir sus atribuciones, porque en el fondo no se ha testeado su mérito profesional, lo que sólo ocurre al competir en un proceso transparente de selección.
-¿Qué garantizan las modificaciones?
- Primero, reduce el plazo de su nombramiento, para que de verdad sea transitorio. Segundo, si es nombrado antes del término de una convocatoria a concurso, o sea, cuando se hacen las postulaciones, no puede concursar, ello con el objeto de no desalentar a muchos postulantes que podrían pensar que un PyT ya designado goza de una preferencia especial. Tercero, aquel que postula en el período autorizado, pero no integra la nómina final y luego el concurso es declarado desierto, no puede volver a concursar. Esto, con el fin de evitar comportamientos oportunistas para reponer en el concurso siguiente. Finalmente, al PyT se le restringen las facultades de nombramiento de los profesionales ADP a su cargo y de remoción de los mismos.
Menores plazos
- El gobierno optó por reducir a tres semanas los tiempos de concursos, ¿garantiza una elección de sucesores idóneos?
- Uno de los problemas más serios de la ADP y un cargo que se nos hace, de lo cual no somos totalmente responsables, es la extensión de los concursos cuando un cargo queda vacante. La reforma propuesta pone plazos y sino hay respuesta nosotros actuaríamos supletoriamente.
-¿En qué casos?
- En el concurso propiamente tal que sí depende de nosotros estamos adoptando las medidas para acelerar al máximo el proceso. Además, el tiempo que se toma la autoridad en elegir en base a la nómina que el Consejo entrega y allí la reforma señala que en el segundo nivel, sino hay respuesta a los 15 días, se debe elegir al primero propuesto por éste último. Es decir, el asunto ahora va en serio, los silencios son positivos, o sea, quien calla otorga y esperamos acabar con las demoras. Se trata de acortar radicalmente los plazos. Acortar plazos implica atraer mejores candidatos, ahorrar tiempo y recursos.
- ¿El sistema de indemnización por renuncia voluntaria, es una buena herramienta para alivianar el trabajo de los nuevos gobiernos?
- Hay un diagnóstico claro que los cambios de gobierno y, desde luego, los de coalición van de la mano de un aumento en las desvinculaciones no voluntarias. Es parte de un proceso natural que nace del hecho que hay un nuevo programa, una nueva estrategia y ello supone transformación y cambio, lo que muchas veces requiere de nuevas caras. Un directivo público de alto nivel en ejercicio debe gozar de la confianza de la autoridad de gobierno y, por cierto, haber demostrado capacidad de gestión. Lo ideal es que se le desvincule sólo en los casos en que no se dan esas condiciones.
Tercer nivel
- Respecto a los directivos de tercer nivel y la movilidad horizontal que propone el gobierno con esta modificación, ¿es tan efectiva?
- Esta es una reforma que da una señal muy valiosa y es el inicio de un cambio indispensable para un Estado moderno. Actualmente, los cargos de Jefes de Departamento en los servicio públicos, alrededor de 2.300, sin duda claves, no son de confianza del presidente de la República, son parte de la carrera funcionaria y se rigen por el estatuto administrativo. Lo que, a mi juicio, no está bien es que en este nivel no exista real apertura a una competencia abierta en que participen todos los funcionarios públicos y no sólo los del propio servicio. De aprobarse, se dará un paso importante en materia de transparencia y se avanzará hacia una selección de los mejores.
Cupos y evaluaciones
- ¿Cuántos cargos quedan vacantes en ADP, ¿cuál es el avance?-
A la fecha de los cargos ADP adscritos y no adscritos, que son 979 se han concursado al menos una vez el 80%. Hay 410 nombrados vigentes, 214 re-concursando y 162 que lo hacen por primera vez. Además, 193 cargos que no se han concursado jamás y que se espera inicien su convocatoria.
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Respecto a las evaluaciones, ¿influirán cuando un funcionario nombrado por esta vía queda en medio de un cambio de gobierno, o seguirá quedando sujeto a una evaluación política?
- El tema de las evaluaciones a los directivos ADP es tarea pendiente y debiera ser objeto de un nuevo proyecto de ley. Actualmente, los convenios de desempeño se suscriben con quien es el jefe directo del evaluado, tienen pocos efectos prácticos y no son una herramienta muy útil de gestión. En ese contexto, no sirven mucho para que ellos ayuden a la decisión de cuándo corresponde desvincular. Hace falta una evaluación externa más objetiva e informada, que ojalá no dependa del gobierno de turno y contribuya a dar mayor estabilidad a los cargos ADP. En todo caso, la decisión final de remoción, si bien puede sujetarse en algún grado a estos antecedentes y debe ser esencialmente técnica y no político-partidista, no puede significar bajo ningún punto de vista una completa inamovilidad.
- ¿Estas modificaciones cumplirán con el objetivo de informar más sobre el verdadero rol de la ADP?
- No tengo dudas de que con esta reforma se inicia un camino que le hará bien al sistema y que ratifica la voluntad del gobierno de apoyar la idea de un ADP 2.0, lo que se inició ya con el reciente Instructivo Presidencial. Es evidente que la reforma impone nuevas limitaciones al uso de facultades gubernamentales y uno espera que ello sea reconocido por quienes han sido muy críticos sobre el funcionamiento de la ADP durante el último año. Claro está que uno se pregunta por qué antes no hubo mayor interés en una reforma, cuyos cambios son bastante obvios. Eso queda al análisis de los expertos.
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