Yasna Provoste quedó ad portas de ser destituida por el Congreso Nacional

Exequiel Pino



Insultos, gritos, golpes, lágrimas, desazón y amenazas. Fueron las réplicas del terremoto político que provocó en la Concertación la suspensión inmediata para ejercer el cargo de ministra de Educación de Yasna Provoste.

Ello, luego que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional presentada en su contra.

El libelo acusatorio impulsado por la Alianza fue aprobado por 59 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones; que correspondieron a Pablo Lorenzini (DC) y René Alinco (PPD). A lo que se sumó la ausencia de los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Pedro Araya (independiente), quienes optaron por marginarse del proceso.

Sin embargo, fue la votación de la oposición y los diputados colorines, Jaime Mulet, Eduardo Díaz, Alejandra Sepúlveda y  Carlos Olivares (quienes renunciaron a la DC), la que terminó por inclinar la balanza en contra de las pretensiones del gobierno.

Con ello, la suspendida ministra quedó a un paso de convertirse en la primera secretaria de Estado en ser destituida del cargo por el Congreso Nacional, tras la vuelta a la democracia. La resolución final la dará el Senado entre el 15 y  16 de abril próximo. 

En lo inmediato, la resolución gatilló una serie de conflictos al interior del oficialismo, desde donde anunciaron la revisión en detalle de la situación en que quedaron los diputados de la Concertación que se abstuvieron o simplemente declinaron votar.

Y es que la molestia con los llamados díscolos fue tal que incluso provocó un fuerte altercado entre el diputado Fidel Espinosa (PS) y su par del PPD, René Alinco.

El mismo ánimo mostraban desde las tribunas los partidarios de la suspendida ministra que lanzaban gritos de apoyo a Yasna Provoste y una serie de descalificaciones contra los diputados de la Alianza.

La jornada comenzó con una intenso debate entre el diputado acusador Germán Becker y el abogado defensor Luis Bates, quienes hablaron por cerca de cuatro horas antes que se procediera a la votación electrónica, porque fue rechazada la votación nominal solicitada por las bancadas oficialistas, acelerando así el desenlace final.

También contribuyó a agilizar el proceso la decisión de la defensa de renunciar a la cuestión previa de admisibilidad para entrar inmediatamente en la discusión de fondo sobre los fundamentos del libelo acusatorio.

En la oportunidad, Becker argumentó paso a paso las razones que llevó a la oposición a presentar la acusación constitucional insistiendo en que se trataban de irregularidades “graves y descomunales”, donde la ministra hizo muy poco.

Además, desestimó el argumento de que la ministra no tenía las facultades para destituir al seremi metropolitano de Educación, Alejandro Traverso, detallando una serie de disposiciones legales y recordando, por ejemplo, que Provoste sí destituyó al seremi de la III Región.

Respecto a los recursos, dijo que todavía no están aclarados ante la Contraloría y que “hay $ 5.000 millones que aún no se saben donde están”.

Por su parte, el abogado y ex ministro Luis Bates rebatió todos los argumentos de los acusadores afirmando que se trataba de “una construcción jurídica artificiosa, que daría precedente para que mañana pudiera caer cualquier ministro”.

Incluso recordó la opinión que tenía sobre la acusación constitucional el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, para quien “por ningún motivo en un régimen presidencial se podrá acusar a algún ministro por mala gestión o errores”.

Y es que, según Bates, tras la acusación “lo que está en juego es si estamos en un régimen presidencialista o en un régimen parlamentario”.