Fueron pocos los que se atrevieron a expresarse públicamente en torno a la decisión del gobierno de expropiarle a la española Repsol el 51% de las acciones de YPF. Los empresarios practican el silencio desde que la presidenta Cristina Fernández fue reelecta. Y ante la medida, sólo se escucharon voces de dirigentes de algunas cámaras de pequeñas y medianas empresas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), la Sociedad Rural Argentina y recién el viernes se sumó la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que emitió un comunicado con críticas a la forma en que se tomó posesión de la petrolera y a la falta de seguridad jurídica, como es habitual en su discurso.
El resto de las entidades optó por callarse. Pero detrás de este perfil bajo, y pese al temor que les genera a algunos dirigentes de empresas que esta avanzada estatal sobre la mayor firma del país sea el inicio de un plan nacionalizador mucho más ambicioso, la mayoría del empresariado aplaude la decisión oficial.
Con el control estatal de YPF, en teoría, el campo ya no sufriría faltante de combustible para encarar una siembra o una cosecha; la industria dejaría de padecer la falta de gas para sus procesos productivos y en el interior ya no tendrían que pagar la nafta o el gasoil a precios muy superiores que los de la Capital Federal; los sectores proveedores de la industria petrolera ya no tendrán que competir con los productos extranjeros para abastecer a la empresa porque se cumpliría a rajatablas, sin dudas, el “compre nacional”.
Sobran los motivos para que el empresariado avale el proyecto del gobierno y abandone por un momento los cuestionamientos a la falta de seguridad jurídica y de un clima amigable para atraer inversiones privadas. ¿Cuántos negocios que durante más de una década fueron ofrecidos a capitales extranjeros podrían recuperarse? Al establishment hoy le conviene el discurso nacionalista. Algunos empresarios más afines a la ideología K creen realmente que un recurso como el petróleo es estratégico para un país y debe ser administrado desde el Estado, pero otros se suben a la ola nacional y popular con la mira puesta en la caja de YPF y los negocios que pueden llegar a hacer a partir del nuevo modelo de gestión estatal. Y algunos pocos se muestran perplejos frente a la medida y consideran que la empresa debe seguir siendo manejada por capitales privados.
No obstante, la forma en que el gobierno intervino la compañía y echó a una veintena de directivos de la petrolera el mismo día que envió el proyecto al Congreso es motivo de fuertes críticas entre los empresarios, así como también el hecho de que la expropiación se haya realizado sin un pago indemnizatorio previo -que hasta Venezuela hizo-. En el comunicado que emitieron el viernes, presionados por los empresarios más antikirchneristas que la integran -que son cada vez menos-, la AEA afirmó que “en una sociedad democrática moderna, el rol decisivo del Estado es el de asegurar un marco de previsibilidad, de reglas de juego y de respeto a los contratos (...)”. “En este marco, la expropiación debe considerarse un hecho de excepción y es de vital importancia que de procederse a ello, se haga respetando la Constitución Nacional que en su artículo 17 requiere que sea por causa de utilidad pública calificada por Ley y previamente indemnizada”.
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