Este año será conocido como el boom de las estafas piramidales con entidades que ofrecían rentabilidades garantizadas, defraudando a miles de personas que aún reclaman los dineros perdidos.
Todo esto generó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con el fin ver la actuación de los reguladores públicos competentes en la fiscalización de estas empresas, la cual ayer llegó a sus conclusiones después de casi cuatro meses sesionando.
La instancia determinó que sí existe una responsabilidad tanto de las Superintendencias de Valores y Seguros y como de Bancos e Instituciones Financieras respecto de la fiscalización de este tipo de entidades, así como de algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) por la falta del deber de denuncia. Respecto de esta última entidad también se le reprochó el hecho de que no recaudara los dineros que debía percibir al tener el conocimiento de la operación de este tipo de empresas. Mención especial tuvo también el actuar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por el hecho de recibir varios informes que alertaban del funcionamiento de estas entidades.
Si bien fue hecha por una minoría de los integrantes de la comisión investigadora, una de las solicitudes que hicieron algunos parlamentarios como José Manuel Edwards fue que se pidiera las renuncias del superintendentes de Bancos, Eric Parrado, y del superintendente de Valores, Carlos Pavez, por considerar los grave de los hechos en cuestión.
“En la redacción de las conclusiones una minoría considera que la gravedad de lo sucedido amerita a que hay que pedir la remoción de los superintendentes de Valores y de Bancos, pero la mayoría no lo considera. Eso sí, todos los diputados consideramos que no se fiscalizó lo suficiente”, comentó el diputado Edwards.
A la comisión asistieron entre -otras autoridades- el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, los superintendentes Parrado y Pavez, y el fiscal a cargo de la mayoría de las investigaciones de las empresas piramidales, Carlos Gajardo.